Así mismo, piden la no aplicación de nuevas subidas en el recibo y una gestión eficaz y transparente que tenga como principal prioridad la defensa de los intereses de los vecinos.
El escrito ha sido registrado esta mañana en la sede de la Mancomunidad en Motril, por diversos representantes de Izquierda Unida, entre ellos Mari Carmen Pérez, parlamentaria andaluza, Juan José Boto, coordinador comarcal e Inmaculada Omiste, concejala de IU Motril y representante de su formación en la Junta General de la Mancomunidad, firmado también, según indica IU en su nota de prensa, por vecinos y vecinas que se encontraban haciendo diversas gestiones en las oficinas de la concesionaria Aguas y Servicios.
Mari Carmen Pérez, parlamentaria por Granada en representación de IU ha manifestado el compromiso inequívoco de su formación con la recuperación del servicio del Agua para su gestión pública, afirmando que “el agua es un derecho básico de la ciudadanía y que, por lo tanto, no puede ser gestionado como un negocio para la obtención de beneficios por parte de intereses privados”.
En este sentido, ha anunciado que Izquierda Unida “llevará esta batalla al Parlamento Andaluz para reclamar, nuevamente, la realización de una auditoría de gestión independiente que clarifique los detalles de la prórroga del contrato que se realizó en su momento, siete años antes de la finalización de su vigencia, y las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer en su gestión tanto por parte de la Mancomunidad como de la empresa Aguas y Servicios”.
La representante de la organización comarcal de IU en la Junta General de la Mancomunidad, Inmaculada Omiste, ha vuelto a denunciar “falta de transparencia en la gestión por parte del ente mancomunal”, por lo que afirman haber presentado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo de Transparencia de Andalucía, “en proceso de tramitación”.
Por último, el coordinador comarcal de IU, Juan José Boto ha anunciado que las iniciativas que su formación está llevando a cabo no deben entenderse como actuaciones puntuales, ya que responden a “problemas y situaciones muy graves causadas por la gestión privada del servicio”.