La portavoz adjunta del grupo popular en la Diputación, Inmaculada Hernández, ha afirmado que la sentencia que declara nulo el convenio del tratamiento de los residuos de la Institución Provincial en los municipios menores de 5.000 habitantes supone un “lío tremendo” para la administración granadina y tendrá consecuencias económicas y de gestión “a cortísimo plazo”.

Hernández ha valorado esta mañana la sentencia del juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que ha declarado nulo el convenio para el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos, aprobado por el PSOE en la
Diputación en el año 2016. “Las consecuencias a cortísimo plazo van a
ser brutales”, ha apostillado.

Así, ha recordado que el presupuesto de la Diputación Provincial para
2017 tiene previstos ingresos superiores a los 10 millones de euros por
el cobro de la tasa de tratamiento que deben pagar los ayuntamientos
granadinos. “Esa cantidad no está cobrada en su totalidad, pero además
tampoco se pueden cobrar, según esta nueva sentencia”, ha reseñado
Inmaculada Hernández.

La portavoz adjunta del grupo popular ha alertado sobre el “quebranto
económico” que esto supondrá en las arcas provinciales y el
“desequilibrio financiero” al que dará lugar, que obligará al presidente
de la Diputación, José Entrena, a tomar medidas “a corto plazo” para
recuperar la “estabilidad económica perdida”, al margen de las
decisiones “que tome para solucionar los problemas generados con su
convenio”.

No obstante, Hernández ha trasladado la “preocupación” del grupo popular
por la “parálisis, descoordinación y gestión nefasta” que “bloquea” al
gobierno de José Entrena y que ahora vuelve a salir a la luz pública en
esta sentencia. “Entrena se enteró de esta sentencia por el grupo
popular y tal era su desconocimiento del tema que el recurso presentado
por el gobierno provincial contra la misma se presentó fuera de plazo,
con cinco días de retraso. Cualquier letrado que haga perder un pleito a
su cliente por presentar un recurso fuera de plazo, con consecuencias
devastadoras para la economía provincial, es como para asumir, como
mínimo, responsabilidades políticas”, ha recriminado la dirigente del
PP.

El modelo de convenio para el tratamiento de los residuos que el
gobierno socialista de José Entrena aprobó en pleno, con el voto en
contra del Partido Popular, ya fue advertido por los populares de que no
era “bueno”, porque los municipios menores de 5.000 habitantes no tienen
apenas recursos propios para tratar la basura. “Es la Diputación
Provincial la que se tiene que hacer cargo y financiar el tratamiento de
la basura, ya que es una cuestión de salud pública de primer orden y
absolutamente prioritario que todos los pueblos tengan sus residuos
recogidos y tratados”, ha incidido Hernández.

La Diputación Provincial ya cobra a los ayuntamientos granadinos una
tasa por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. “En unos casos,
algunos ayuntamientos no están pagando, como el Ayuntamiento de Granada,
que acumula 800.000 euros impagados correspondientes al año 2016; lo que
nos lleva a políticas socialistas del pasado, con la extinta RESUR,
donde la deuda llegó a superar los 25 millones de euros. Por otro lado,
ahora nos encontramos con que los ayuntamientos menores de 5.000
habitantes, que estaban pagando la tasa, tienen un recurso legal que les
da la razón en cuanto a que tiene que ser la Diputación la que asuma ese
gasto, con lo cual esos ayuntamiento pueden pedir la devolución de
ingresos indebidos y no sabemos cómo se va a solucionar el problema y
quién va a financiar el tratamiento de la basura”, ha explicado
Inmaculada Hernández.

Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, Ana Vanesa
García, administración que presentó la denuncia y a la que el juzgado ha
dado la razón, ha mostrado su “satisfacción” por el hecho de que la
justicia haya dictaminado que la competencia del tratamiento de la
basura en los municipios pequeños es de la Diputación Provincial y no de
los ayuntamientos.

“Desde el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, se lo hemos advertido en varias
ocasiones en José Entrena, pero en su ánimo de atacar al portavoz del PP
en la Diputación y alcalde güejareño, José Robles, no solo ha dejado a
más de cien ayuntamientos en una situación de absoluta indefensión, sino
que además pretendía que los alcaldes hicieran de cobradores del frac
del gobierno de Entrena”, ha criticado García.

La portavoz popular ha ido más allá al señalar que José Entrena ha
“dejado en el limbo” el tratamiento de basura de toda la provincia de
Granada. “Su irresponsabilidad y su ausencia es tal, que por estar en
los problemas del PSOE provincial se le ha olvidado presentar el recurso
judicial en tiempo y forma”, ha subrayado Ana Vanesa García, quien ha
valorado que “si Entrena no es capaz de defender a la Diputación, cómo
va a defender a los ayuntamientos granadinos”.