La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido un total de 615 solicitudes de familias de la provincia de Granada que se han acogido a las ayudas para acondicionar sus viviendas y adaptarlas a sus necesidades, bien porque son mayores de 65 años o porque cuentan con algún miembro con discapacidad. Esta línea de ayudas, que se conceden a través del Programa de Adecuación Funcional Básica, cuenta con un montante total para Andalucía de tres millones de euros, que se otorgará a un máximo de 2.000 euros por vivienda.

La delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, ha subrayado el carácter social de estas ayudas, pues “sin hacer un gran desembolso por vivienda, podemos ayudar a muchas familias granadinas --que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar ese gasto-- a que mejoren la accesibilidad de sus viviendas y por lo tanto, mejoren así su calidad de vida”.

La subvención concedida a través de este programa ascenderá a un máximo de 2.000 euros por solicitante, de los que 1.400 euros se destinarán a la ejecución material de los trabajos y los 600 euros restantes a sufragar los honorarios de la asistencia técnica si se requieren. Esos incentivos posibilitarán la adaptación del interior de las viviendas o la mejora de seguridad de algunos elementos de la vivienda habitual y permanente de este colectivo. La supresión de barreras arquitectónicas, como la adecuación del ancho de las puertas; la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños, así como la sustitución de bañeras por platos de duchas o la colocación de pasamanos en los pasillos son algunas de las obras cubiertas.

El programa de Adecuación Funcional Básica, incluido dentro del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, recoge una subvención que cubre el 70% del presupuesto de la obra financiado por la Junta, asumiendo los destinatarios el resto del coste total que asciende al 30%.

Estas ayudas están destinadas a mayores de 65 años, personas que tengan reconocido, al menos, un 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida; así como aquellas que tengan reconocida una gran dependencia en grado 3, siempre que sus ingresos familiares no superen los 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) y que la vivienda objeto de la ayuda se destine a residencia habitual.