Como ha recordado Luis Miguel Gutiérrez Secretario General de la Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, estamos hablando de 33.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, que no solo realizan trabajo para la administración, sino para la ciudadanía en general. La decisión del Gobierno de impugnar la jornada de 35 horas fue tomada a su juicio con "nocturnidad y alevosía”, haciendo caso omiso al pacto firmado en Mesa General de Función Pública de la Junta de Andalucía, en la que por unanimidad se llegó al acuerdo de volver a las 35 horas por los beneficios que aportan a los empleados públicos y a la ciudadanía en general", explica Gutiérrez.

El ugetista está convencido de que con esta medida pierden todos los granadinos y granadinas, ya que en primer lugar, esto supone que todos los empleados públicos tendrán que volver a trabajar 37 horas y media. Esto tiene como resultado una pérdida de alrededor de 900 puestos de trabajo en Granada, apunta el representante de UGT. Y en segundo lugar, el aumento de horas de trabajo también afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral de estos trabajadores, que ven como el Gobierno vuelve a recortar sus derechos laborales. Y en tercer lugar, la medida provoca que se pierda calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Y concluye recordando que hasta que el Gobierno no retire su impugnación a las 35 h., se mantendrán las movilizaciones, en concreto todos los jueves, con concentraciones de 15 minutos a las 10h. en las entradas de los centros de trabajo.

Desde el Área Pública de CCOO Granada, Pablo López Del Amo, ha explicado que la suspensión cautelar de las 35 horas, no sólo afecta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público andaluz, sino que creará grave perjuicios tanto a la creación de empleo, a la economía andaluza, al consumo, a la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, a la carga de trabajo de los profesionales y a la calidad asistencial que recibiría la ciudadanía. Concretamente, unos 5.000 profesionales de la Administración General de la Junta de Andalucía están afectados por esta medida, que también perjudicará en gran medida a los profesionales de la Sanidad granadina.

CCOO Sanidad Granada ya denunció en su día que la impugnación de la jornada de 35 horas presentada por el Gobierno del PP y la vuelta, por tanto, a la jornada de 37,5 horas semanales en el Servicio Andaluz de Salud, supondría la destrucción de aproximadamente, 300 empleos en los centros sanitarios de la provincia de Granada.

En el ámbito de la Enseñanza, unos 500 docentes perdieron su puesto de trabajo en Granada en Educación con la instauración de las 37,5 horas semanales (4.500 en Andalucía), profesionales que no podrían incorporarse de nuevo si finalmente permanece esta medida. En cualquier caso, ha explicado Del Amo (CCOO) el Gobierno tiene en su mano rectificar esta decisión. Si no recapacita CCOO advierte que las movilizaciones serán continuadas.

Por su parte Germán Girela, presidente provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera “desacertado e injusto” el recurso del Ejecutivo Central de la jornada de 35 horas semanales y recuerda que su revocación sería un “atropello a más de 270.000 empleados públicos en toda Andalucía, que han sido uno de los sectores más castigados desde la crisis”. El máximo responsable de CSIF Granada, advierte del perjuicio que supondría esta “desacertada decisión ya que vendría a mermar aún más los servicios públicos andaluces, sobre todo en sectores básicos como la Sanidad, al suponer la pérdida de entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo en toda la Administración andaluza”. Asimismo, Girela puntualiza que la impugnación de las 35 horas “castigaría aún más al colectivo de empleados públicos de Granada que ha visto cómo desde el año 2011 se ha reducido su plantilla en más de 6.085 trabajadores".

CSIF Granada advierte de los perniciosos efectos que esta medida tendría a corto plazo en el desempleo, en el consumo, en la recuperación económica y en la calidad asistencial de los servicios públicos esenciales en la provincia y confirma que mantendrá la presión sindical hasta la resolución del conflicto, animando a todos los trabajadores y trabajadoras del Sector Público andaluz a secundar las acciones sindicales conjuntas.