El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, que asciende a 34.759,5 millones de euros. El gasto no financiero, que es el que se destina a la financiación de las políticas, se sitúa en 30.628,92 millones, lo que supone una subida del 3,9% respecto al presente ejercicio.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha resaltado ante el Consejo que la Junta de Andalucía ha sido la primera administración autonómica en presentar sus presupuestos para el próximo año, “fruto de la estabilidad política de la comunidad que se traduce en generación de riqueza y creación de empleo”. Montero ha señalado como objetivo principal que “la recuperación económica llegue a las familias en forma de mayor renta disponible y mejores servicios públicos”.

La cuentas andaluzas para 2018, de marcado carácter social, dedican 2.183 millones de euros a empleo y desarrollo económico, además de revitalizar el Estado de Bienestar con incrementos en Educación (+3,8% respecto al presupuesto anterior) y Servicios Sociales y Dependencia (+7,4%), mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con el mayor presupuesto de su historia (9.013 millones de euros).

El proyecto de la ley, que será remitido hoy al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación, también incorpora nuevos derechos como la Renta Mínima de Inserción Social, a la que se dedican 198 millones de euros, y la bonificación de las matrículas universitarias. Asimismo, a partir del próximo 1 de enero, ningún empleado público de la Junta a jornada completa cobrará menos de 1.000 euros al mes.

María Jesús Montero ha señalado que el presupuesto se ha elaborado a partir de una previsión económica prudente de un crecimiento de la economía andaluza al 2,6%, por encima de la zona euro. Con esta subida, la comunidad alcanzará en 2018 el mayor Producto Interior Bruto (PIB) registrado hasta la fecha. En términos nominales, se situará en torno a los 166.000 millones de euros.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado que estos indicadores económicos son positivos a pesar de que el agravio del sistema de financiación autonómica obliga a la comunidad a aportar más recursos propios a los servicios públicos, 2.197 millones de euros, lo que impide aumentar el nivel de inversiones. No obstante, estas serán de 3.709 millones, lo que supone el 12,1% del gasto no financiero, un esfuerzo que dobla al del Estado, que solo destina el 5% en sus presupuestos vigentes.

Gestión eficiente

María Jesús Montero ha destacado que Andalucía mantiene unas cuentas solventes y sostenibles que permiten aprovechar al máximo el margen para que la recuperación llegue a las familias. Esta gestión, según la consejera, permite reducir impuestos a las clases medias y, paralelamente, aumentar notablemente el gasto social. Además, la Junta cumple con los objetivos de déficit y deuda y también con el periodo medio de pago a proveedores (es la comunidad de régimen co-mún que abona antes sus facturas).

A partir de enero, se aplicará una nueva reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que corrige el ‘error de salto’, sitúa el mínimo exento en un millón de euros, mejora la tributación de personas con discapacidad y favorece donaciones para la creación de empresas. Pese a la bajada de recaudación que provocará, los ingresos por tributos gestionados por la comunidad suben en 85,6 millones de euros.

En total, la comunidad contará con 1.344 millones de euros más en ingresos financieros que, tras aplicar el ajuste obligado del déficit, pasan a sumar 1.151 millones (la cantidad adicional para dedicar a gasto no financiero en 2018, un 3,9% más que en el presente ejercicio).

“La apuesta del Gobierno andaluz por los servicios fundamentales es incuestionable y el crecimiento de los ingresos se ha destinado año a año a las políticas públicas”, ha señalado Montero. En este sentido, ha destacado que desde 2014 el crecimiento en Sanidad roza el 20%, con un total de 1.587 millones de euros, mientras que en Educación asciende al 12,9% (861 millones de euros más) y en Servicios Sociales y Dependencia al 23% (400 millones más).

Las cuentas para 2018 mantienen esta tendencia y las partidas de Salud crecen un 5,4%, hasta alcanzar los 9.809 millones de euros, de modo que suponen un tercio del total presupuestado (29%). “La sanidad pública constituye un eje fundamental del Gobierno andaluz, no solo por su papel en la protección de la salud de la población, sino también por su contribución al empleo estable y de calidad, a la generación de innovación y conocimiento, a la movilización empresarial derivada y, como consecuencia, al crecimiento económico y social de la comunidad autónoma”, ha dicho Montero.

El presupuesto para el próximo año profundiza también en los principios de universalidad y equidad del sistema sanitario público andaluz. En este sentido, el SAS contará con el mayor presupuesto de su historia: 9.013 millones de euros. Ello permitirá mantener la cartera de servicios sin copagos y atender nuevos ámbitos que requieren de mayor financiación, como la Atención Temprana Infantil, a la que se destinan 28,8 millones de euros. También se refuerza la atención Primaria con la contratación de más de 1.500 sanitarios, con el objetivo de adecuar los equipos profesionales a la población asignada según la complejidad de sus necesidades.

Educación e igualdad

El ámbito educativo, incluyendo las universidades, dispondrá en su conjunto de 7.527 millones de euros, con un crecimiento del 3,8%. En el caso de la Consejería de Educación, el aumento podría haber alcanzado el 5%, si el Gobierno central no se hubiese retirado de la financiación de la Lomce, lo que se traduce en 81 millones de euros menos. No obstante, la Junta ha reforzado este curso las plantillas docentes con el mayor incremento de los últimos 10 años y dedica 223 millones de euros el próximo ejercicio a los gastos del capítulo 1. Por su parte, Universidades absorbe 1.536 millones de euros (+4,4%), cantidad que incluye la consignación de la bonificación de matrículas que ya se ha puesto en marcha este mismo curso.

Las partidas de Servicios Sociales para luchar contra la desigualdad se incrementan un 7,2% y llegan a los 2.132 millones de euros el próximo ejercicio. De ellos, más de la mitad (56%) se destinan a Dependencia, con 1.214 millones para dar cobertura a las 186.000 personas beneficiarias de Andalucía, que representan el 20,5% del conjunto nacional. En 2018, las pensiones asistenciales volverán a crecer en Andalucía un 2%, por encima de la subida que establece el Estado para las contributivas. Además, para atender a los colectivos más vulnerables, se pone en marcha la Renta Mínima de Inserción Social, para la que se consignan 198 millones de euros.

El próximo año se impulsará la tramitación de la nueva Ley de Igualdad de Género y se reforzarán las políticas de Igualdad, lo que tendrá su reflejo en el presupuesto con un incremento del 3,8%. La partida de Justicia también crece un 4,6%, hasta los 505 millones, para, entre otros proyectos, la implantación del Plan Adriano y la nueva Oficina Judicial. Además, se desarrollarán planes de refuerzo en los juzgados de lo Mercantil, Penal y Social, así como en los encargados de las demandas relacionadas con las cláusulas suelo.

Empleo y crecimiento

El Presupuesto de la Junta destina de 8 de cada 10 euros a gasto social, si bien el empleo y el crecimiento económico siguen siendo los grandes retos de la comunidad autónoma. El proyecto consigna 2.183 millones de euros, 69 millones más que este año, a partidas para dinamizar la economía y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. En este ámbito, la mejora de la cualificación profesional de la población se canaliza a través de la Formación Profesional para el Empleo, con 239 millones de euros. Asimismo, se presupuestan 766 millones para Empleabilidad e Intermediación, que incluye un programa de empleo industrial (308 millones) del que se podrán beneficiar en torno a 35.000 andaluces.

La partida para potenciar el desarrollo económico crece un 4,2%, hasta alcanzar 546 millones de euros, y financiará incentivos dentro de la Estrategia Industrial de Andalucía, los planes de restauración minera, la promoción del comercio interior, el fomento de la artesanía y el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros.

Con el fin de que el crecimiento y el desarrollo llegue a toda la población se mantienen los programas de cooperación con los municipios, las infraestructuras y las políticas de vivienda como elementos que contribuyen a la vertebración territorial.

En el primero de estos ámbitos, se destinan a las entidades locales 1.139 millones de euros, un 7,8% más, que financiarán su participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica), los planes de empleo y los servicios sociales comunitarios.

Asimismo, el presupuesto consigna 545 millones de euros para políticas de infraestructuras, lo que representa un crecimiento del 5,3%, con los capítulos destacados de subvención de billetes de transporte, impulso al Plan Andaluz de la Bicicleta y nuevos proyectos de mejora viaria.

El relación con las políticas medioambientales y de conservación del patrimonio natural, se recogen 777 millones de euros. Las principales partidas van destinadas a programas de gestión integral de los recursos hídricos (275 millones) y del Medio natural (206); el Plan Forestal andaluz y la restauración de espacios naturales (198), y la depuración de aguas residuales (80).

Especial atención se presta también al turismo y el sector agroalimentario con políticas que consolidarán el liderazgo de Andalucía en estos ámbitos. En 2018 se consignan 120 millones de euros más a potenciar el turismo, mientras que las partidas de Agricultura y Pesca crecen un 4,8% hasta los 677 millones de euros, con medidas específicas para incentivar la incorporación de jóvenes a la actividad, la modernización de las explotaciones y la producción ecológica.

Finalmente, las partidas vinculadas a Cultura crecen un 5,1% y llegan a los 202 millones de euros para impulsar acciones como el Plan Andaluz de Cultura Joven, la Ley del Cine o la Red de Espacios Culturales. Por su parte, Deporte dispondrá de 56 millones de euros para financiar subvenciones a federaciones, becas y obras en instalaciones, entre otras medidas.