La Diputación de Granada ha celebrado hoy unas jornadas para dar a conocer las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor el 9 de marzo. Durante las jornadas se han desarrollado seis ponencias en las que profesores de primer nivel en España han ofrecido un panorama claro, concreto y práctico sobre cómo los ayuntamientos deben de prepararse para la aplicación de la ley a partir de marzo.

Las jornadas se han dirigido tanto al personal de Diputación como a empleados públicos y representantes políticos de la provincia de los distintos ayuntamientos. Su objetivo es dar a conocer la regulación de la contratación pública, ya que es un proceso que requiere una especialización muy avanzada para que los ayuntamientos se organicen para los cambios, elaboren unos nuevos pliegos, se preparen para la contratación electrónica, adopten las nuevas medidas de transparencias y diseñen licitaciones con objetivos medioambientales y sociales, algo que contempla como novedad la futura ley.

Las jornadas han sido inauguradas por el diputado de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, que ha señalado que “la contratación pública ha entrado en una nueva era. Estamos superando las licitaciones clásicas y estamos pasando a considerar la contratación como una herramienta de gobierno, entrando en la era de la contratación estratégica. Ya no es solo la forma de contratar necesidades sino un instrumento útil al servicio de políticas públicas y de la sociedad en la que los profesionales son muy importantes”.

La contratación es la principal vía de ejecución de los presupuestos públicos de las administraciones públicas. Supone la asignación de muchos fondos públicos para que los empresarios privados ejecuten las obras, servicios y suministros que se necesitan para que funcionen la propia administración y los ciudadanos. Con la llegada de la nueva ley, la contratación se verá sometida a unos procedimientos muy exhaustivos en los que los empresarios deben de acreditar solvencia y ser muy competitivos respecto de las ofertas que plantean. Uno de los principales objetivos de esta nueva ley es lograr una mayor transparencia, por lo que se endurecerá el procedimiento para decidir cuales van a ser las ofertas que van a ser finalmente adjudicatarias.

Entre las novedades que la nueva Ley de Contratación contempla destacan: el diseño de un procedimiento abierto simplificado más ágil, el endurecimiento del régimen del contrato menor y la imposición de nuevas obligaciones de publicidad para este tipo de contratos. Por último, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía, es decir, la practica generalidad de procedimientos de adjudicación van a estar sometidos a convocatoria pública.

Además de estos cambios, se fomentará el acceso de las PYMES a los contratos públicos y en consonancia con ello, la simplificación de la documentación que hay que aportar para participar en licitaciones públicas, es decir, las cargas burocráticas que tienen los empresarios para contratar con la administración se verán reducidas.