El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Manuel García, junto a los representantes de las organizaciones agrarias UPA, ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, hoy han presentado una serie de alegaciones al Gobierno de España, para que se modifiquen los módulos del IRPF para los agricultores y ganaderos de la provincia, “con los cuales se produce un fuerte agravio comparativo, al aplicarse a Granada índices superiores al de otras provincias, con similares tipos de cultivos y en las mismas condiciones ambientales”, según García.

Los sectores más perjudicados comparativamente con otras provincias en similar situación, y sobre los que se solicita se aplique los mismos índices, son el hortícola, frutos secos (almendro), tropicales y subtropicales, productos del olivo y los sectores ganaderos, sobre todo la apicultura y las ganaderías extensivas de pequeños rumiantes.

Así a modo de ejemplo, a los tropicales granadinos el índice al que se enfrentan los agricultores de la Costa es el 0’37, tras no haber sido concedido por el Gobierno Central la reducción que se pedía desde la Consejería al 0’28. En cambio, a los agricultores de aguacate de la provincia de Málaga, el Gobierno de la nación les rebaja este índice al 0’26. Según el delegado, “no entendemos la causa por la cual no se nos ha aplicado la misma reducción que a la provincia vecina de Málaga, siendo el mismo cultivo, y habiéndose dado circunstancias climatológicas similares”.

Además de los tropicales, otros cultivos como el olivar, flores y plantas ornamentales, cítricos, oleaginosas, no han visto reducido el índice solicitado, teniendo que hacer frente a los porcentajes marcados por el Estado del 0’26 en el caso del olivo, frente al 0,18 que le ha sido concedido a la provincia vecina de Jaén.

Según manifiesta Manuel García, todos han mostrado su desacuerdo en relación a la aprobación de la reducción para el periodo impositivo 2017 de los índices de rendimiento neto aplicables en el IRPF 2017 para la actividad agrícola y ganadera, afectada por diversas circunstancias excepcionales, ya que “no han sido tenidas en cuenta las propuestas realizadas tanto por la Consejería de Agricultura como por las Organizaciones Agrarias, y que pone de manifiesto un grave perjuicio para nuestros agricultores y ganaderos”.

Por último, tanto el delegado territorial como las organizaciones agrarias, esperan que sean atendidas las modificaciones solicitadas para la provincia de Granada, con el fin de “hacer justicia para todas las personas vinculadas a estos sectores económicos tan importantes, y terminar con una situación discriminatoria que no hace más que frenar el desarrollo de económico de la provincia de Granada”.