El director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Francisco Pizarro, y la coordinadora provincial, Leticia de la Torre, ha mantenido en Granada un encuentro con concejales y asociaciones de la provincia para informarles sobre el proyecto de Ley de Juventud, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno. Este encuentro forma parte de la ronda de contacto que el responsable de IAJ mantiene con entidades locales y colectivos juveniles de todas las provincias para darles a conocer la futura norma que elevará al máximo rango legal todas las políticas que desarrolla la Administración autonómica para este colectivo, especialmente las dirigidas a favorecer la inclusión laboral, el acceso a la vivienda y la preservación de sus derechos frente a las dificultades socioeconómicas.

La nueva ley será la primera en la materia que aprobará el Parlamento andaluz, una vez debatido el proyecto que ahora se remite. El texto recoge como objetivos fundamentales fomentar la participación activa en la sociedad y contribuir a la mejora de la autonomía personal y laboral en igualdad de oportunidades. Andalucía, con 1,9 millones de personas de entre 15 y 34 años (el 23% de la población), es una de las comunidades más jóvenes de Europa.

Partiendo del enfoque de juventud como elemento transversal en las políticas de la Junta, la norma diseña las bases fundamentales de los planes integrales que impulsará el Gobierno andaluz y refuerza la independencia y capacidad de acción del Consejo de la Juventud de Andalucía, ente de participación social que podrá aprobar su propio plan anual de actuación y establecer convenios de colaboración con organismos similares de otras comunidades.

De acuerdo con el proyecto, la juventud será considerada como colectivo prioritario de acción social siempre que la tasa de desempleo de los menores de 30 años supere a la europea. Ello supondrá la aplicación obligatoria de medidas, exigibles por ley, como el Plan de Empleo Juvenil previsto en la norma para disminuir esa brecha, con medidas especialmente orientadas al acceso al primer puesto de trabajo, el emprendimiento, la economía social, el autoempleo, la integración del alumnado que abandona la educación reglada, el retorno de los jóvenes que se han visto obligados a emigrar y la defensa frente a la precarización y los efectos de las desregulaciones laborales.

En materia de vivienda, el proyecto de ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos, mientras que en cultura se promoverá la difusión de las creaciones y propuestas de los jóvenes andaluces. También se recoge la elaboración de un plan anual de educación no formal y la regulación de las cien Escuelas de Tiempo Libre de la comunidad autónoma, con la fijación de los criterios para su puesta en marcha, la homologación de su formación y expedición de títulos.

Respecto a la educación, las prioridades se dirigen a la eliminación de estereotipos de género y comportamientos discriminatorios, la prevención del acoso escolar y el apoyo al desarrollo integral en facetas como las lenguas extranjeras, la creatividad, el deporte o el voluntariado.

Finalmente, la futura ley regulará las actividades y funciones de los profesionales especializados en el colectivo joven, con medidas como la elaboración de mapas de competencias.