La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para poner en marcha una campaña de retirada de plásticos en terrenos y cauces fluviales de las principales zonas agrícolas de invernadero, localizadas en las provincias de Almería, Granada y Huelva. La iniciativa, encaminada a salvaguardar la salubridad e higiene en puntos en los que se están acumulando muchos de estos restos, la desarrollan conjuntamente las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Pese a que la gestión de estos restos agrícolas es una competencia que no corresponde a la Junta, la Administración andaluza ha decidido llevar a cabo esta campaña con presupuesto propio ante las incidencias que se están detectando en estas provincias por el abandono indiscriminado de plásticos de invernaderos y los problemas de imagen y salubridad que están generando.

La actuación ha comenzado con la identificación de las zonas donde se acumulan estos residuos, la cuantificación de su volumen y la identificación de la titularidad de los terrenos, para lo que se solicitará colaboración al sector y a los ayuntamientos. Inmediatamente después, se procederá a la limpieza de esas zonas.

La retirada se llevará a cabo en todos los espacios en los que se estén abandonando estos plásticos agrícolas, por lo que desde la Administración andaluza se hace un llamamiento a la colaboración de todas las partes implicadas. Así, se insta a los ayuntamientos a que señalen los puntos que se están utilizando como vertederos y se solicita a los particulares que faciliten el acceso a los terrenos de titularidad privada.

En la actualidad ya hay técnicos de Tragsa (Empresa de Transformación Agraria SA), a la que se ha hecho el encargo de gestión, realizando la primera evaluación en los territorios con mayor concentración de cultivos intensivos para identificar los principales puntos con problemas. En esta línea, ya han terminado el diagnóstico de algunas zonas, como es el caso del término municipal de Vícar (Almería).

Desde las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente se subraya que se actúa tanto por responsabilidad como para salvaguardar la imagen del campo andaluz y del propio sector. En este sentido, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en la necesidad de la máxima colaboración de todas las partes “ya que, bajo ningún concepto, se puede consentir que en el campo se tiren plásticos sin control, algo que no sólo supone un importante problema medioambiental sino que también da una mala imagen de nuestro campo, una imagen que hoy es modélica y así tiene que seguir siendo”. Igualmente, ha advertido de que esta actuación extraordinaria debe ser posteriormente mantenida por los propios agricultores y los ayuntamientos, con vigilancia para evitar nuevos vertidos y sanciones a los infractores.


Trabajos en Adra

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado el compromiso permanente de su departamento con la limpieza de cauces fluviales. “Uno de los trabajos más recientes y de mayor importancia ha sido en Adra, donde se han retirado 5.073 toneladas de residuos agrícolas”: 317,64 toneladas de restos de construcción y demolición; 703,14 toneladas de plásticos agrícolas; 117,72 toneladas de rafia y plásticos mezclados; 3.235,62 toneladas de plásticos y restos de cosecha; y 165,56 toneladas de rafia.

En el caso concreto de Almería, donde se generan anualmente más de 30.000 toneladas de residuos plásticos procedentes de la agricultura, la situación se ha complicado este año por la decisión de China de no importar plásticos que tengan más de un 5% de impurezas. Esto ha dificultado la principal salida comercial que tenían estos restos y ha aumentado los costes de gestión.

A esto se une el vacío legal propiciado por los siete años en los que el PP ha estado en el Gobierno central, lo que ha impedido renovar la autorización a Cicloagro (la empresa que hasta este año se encargaba de este proceso), hasta el punto de que ha cesado su actividad. Y es que, según la ley estatal de residuos de 2011, corresponde únicamente al Estado la regulación de estos sistemas colectivos de gestión de residuos, como ya funcionan en el vidrio, los envases o el papel.