En septiembre de 2018, con un gran despliegue mediático, la Sra. Herrera, junto con los concejales del PP, MÁS Almuñécar e IU acusaron al portavoz andalucista de “un caso grave de corrupción por el desvío de fondos públicos provenientes de los convenios urbanísticos y las campañas publicitarias en una televisión local” y anunciaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Ya con anterioridad, el 31 de octubre de 2013, habían presentado otra denuncia, en términos parecidos, ante la misma Fiscalía denunciando el desvío de fondos de los convenios urbanísticos y del Plan E, una licencia otorgada al Colegio Ingles y otra a una promoción en Los Pinos de la mercantil Playa Tropical.

La "inconsistencia" de la denuncia, que fue archivada, se puso de manifiesto en el decreto del Ministerio Fiscal de 13-6-2014 en el que manifiesta que “los denunciantes ni siquiera expresan qué delito se ha cometido, cómo se han cometido y cuáles son los datos que lo evidencian, sin que se aporten mínimos datos de actividad delictiva” y concluye que “se corre el riesgo de que el Ministerio Fiscal sea utilizado para fines que le son ajenos”.

"En el colmo de la incoherencia" señalan desde Convergencia Andaluza, aportaban informes de tres interventores municipales que certifican el correcto destino de los fondos provenientes de los convenios urbanísticos, denunciaban las obras en el Colegio Ingles que fueron objeto de una sentencia absolutoria el 9-11-2011 y "sorprendentemente nos acusan de la licencia de la promotora Playa Costa Tropical en Los Pinos, otorgada el 14-1-2002 por el alcalde del PP (González Montoro) y anulada por el Tribunal Supremo".

Todas estas denuncias, unas más de las decenas presentadas por el PP y Más Almuñécar, junto con IU, siempre coincidentes con las fechas anteriores a las elecciones, evidencian la “torticera intención de judicializar la política municipal e intentar conseguir en los Tribunales lo que no logran en las urnas".

Tres décadas de reiteradas acusaciones y campañas de descrédito que han chocado con una realidad: "Ni Juan Carlos Benavides, ni ningún miembro de sus equipos de gobierno han sido nunca condenados por la justicia".

Desde Convergencia Andaluza consideran que "la falsedad de la última denuncia presentada por Herrera y sus socios de gobierno es evidente y estaba basada en datos manipulados".

"Juan Carlos Benavides ni su hijo jamás han tenido participación alguna en el accionariado de la mercantil Onda Tropical SA, propietaria de un periódico y una TV local, lo que es fácil de comprobar en el Registro Mercantil. Pablo Benavides nunca fue director de la TV Canal Tropical ni ejerció responsabilidad alguna en este medio. Fue empleado de la empresa Onda Tropical SL. y ejerció las funciones de redactor y posteriormente de director del periódico Costa Tropical Información", puntualizan.

Nuevamente, el Ministerio Fiscal ha dictado un decreto archivando la denuncia, recibido en el Ayuntamiento el pasado día 9 de mayo y "que la alcaldesa guardó celosamente en su despacho, sin hacer público su contenido", denuncian.

Según decreto de la Fiscalía, “La investigación no ha entrado por tanto a dilucidar si existió conexión entre las operaciones que estas empresas firmaban con la administración local en aquel momento y sus pagos posteriores a la televisión local privada que en aquella fecha operaba en Almuñécar”.

Resulta "patético" que el PP y sus socios de Más Almuñécar e IU tengan que recurrir, elección tras elección, "al juego sucio y campañas de difamación para ocultar su desastrosa gestión que ha paralizado la economía, generado paro y llenado de incertidumbres el futuro de Almuñécar y La Herradura", concluyen.