El delegado del Gobierno, Antonio Granados, acompañado de los delegados de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, Gumersindo Fernández; de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos; Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda, Antonio Ayllón; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz y Justicia, Administración Local y Función Pública, Inmaculada Hernández, ha comparecido hoy en rueda de prensa para exigir "que se garantice el suministro eléctrico a los ciudadanos que tienen contrato" y que están afectados por los cortes de luz en la zona Norte y en otros puntos de la provincia.


Granados, que previamente ha presidido una reunión con estos delegados y el gerente de AVRA, Juan Cobo, considera que la Junta "somos afectados también por los cortes de luz". "Desde la pasada legislatura hemos mantenido numerosos reuniones técnicas y políticas y nos incorporamos a la reunión contra los cortes de luz en la Subdelegación del Gobierno pero llevamos cuatro años trabajando y pedimos soluciones ya", ha incidido.


El delegado ha anunciado que la Junta va a abrir "expediente informativo para la actualización de la auditoría energética a las empresas suministradoras Endesa y otras, vamos a incrementar las inspecciones para valorar esa auditoría energética, en el ámbito de nuestras competencias, porque en las anteriores hemos visto que había un número importante de enganches ilegales de luz".


Granados asegura que a la Junta le preocupan las personas electrodependientes. "Se han facilitado baterías a las personas que necesitan oxígeno u otras patologías".


El delegado mostró "total apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, son grandísimos profesionales, pero el número de efectivos se está demostrando que es insuficiente". "Solicitamos el incremento de efectivos policiales, el incremento de técnicos e inspectores de las empresas suministradoras y es muy importante que el Gobierno valore la creación de una Fiscalía especializada y dotada en la provincia para persecución del cultivo y trafico de marihuana", concreta.


Asimismo, Granados ha pedido que se modifique el código penal y se agraven las penas

por defraudación de suministro eléctrico para el cultivo de estupefacientes. "Es importante la unidad de criterios en el ámbito jurisdiccional, llevamos cuatro años trabajando y estamos cansados, hay que hacer algo más y no sólo reunirnos y decir lo que cada administración hace, sino hacer un seguimiento de las responsabilidades y competencias de cada uno. Dar respuesta a situaciones dramáticas que, en un segundo, pasan de ser una normalidad a ser un gran problema, como las personas de elevada edad que no pueden acceder a sus viviendas porque no funciona el ascensor. Pero, insisto, la Junta de Andalucía es una afectada también", concluye.