Tras las últimas publicaciones en medios de comunicación sobre la citación para declarar a la alcaldesa de Motril del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 el próximo 19 de junio, Luisa García Chamorro ha querido mostrar su tranquilidad y manifestar que se trata de una fase más del procedimiento, no habiendo ninguna novedad con respecto a su situación procesal, que sigue siendo la de investigada desde hace dos años aproximadamente.

En 2022 se inició la fase de instrucción a raíz del pago con fondos de los grupos municipales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada de los gastos derivados de un proceso judicial en el que, en primera instancia, Luisa García Chamorro resultó absuelta. Sin embargo, en segunda instancia se revocó la sentencia y estos gastos procesales fueron asumidos por los grupos municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada.

En ese momento se consideró, "y seguimos considerando", que las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas como portavoz del Partido Popular en la Diputación y por eso se pagó, por parte de los grupos del Partido Popular, esta pequeña cantidad de dinero. No obstante, cuando llegó la denuncia anónima a Fiscalía y ante las dudas administrativas que pudieran surgir, García Chamorro procedió a devolver, cautelarmente, a su grupo municipal y al de Diputación los importes íntegros que habían sido destinados al pago de esta sentencia.

Como ha manifestado García Chamorro, este dinero era propiedad del grupo político y no de la Administración. Y por ello, entendiendo que en el momento de las declaraciones a que se refiere la sentencia estaba actuando en calidad de portavoz y defendiendo la gestión política de su partido, "siempre hemos considerado que los gastos de dicho proceso debía afrontarlos el grupo político al que pertenecían estos fondos. Además, la legislación vigente solo prohíbe el uso de esos fondos propiedad de los grupos para la contratación de personal o realizar inversiones".

"De hecho, es público y notorio que todos los grupos políticos, en todas las instituciones, siempre han hecho uso de estos fondos en lo que han estimado conveniente relacionado con su actividad política sin ningún tipo de reproche. Tan solo, y muy recientemente, y solamente en casos de evidente destino distinto a dicha actividad, por vía administrativa, nunca penal, se ha decretado la obligación de reintegrar al grupo político dichos fondos; siendo, en definitiva, una cuestión interna de cada grupo político".

La alcaldesa motrileña ha expresado su tranquilidad absoluta ante la situación y su confianza plena en la justicia para que este tema pueda resolverse con la mayor celeridad posible. "En todo momento se ha actuado de forma transparente y colaborativa, puesto que la regidora municipal es la primera interesada en demostrar que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad".