El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha firmado un convenio de colaboración para garantizar la continuidad del servicio provincial de intermediación hipotecaria durante el año 2025. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas instituciones con las personas y familias que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad, como las derivadas de ejecuciones hipotecarias, conflictos con cláusulas suelo o impagos de alquiler con riesgo de desahucio.

Rodríguez ha subrayado la importancia de este programa para la cohesión social en la provincia, señalando que “desde la Diputación tenemos un compromiso firme con las familias que viven en nuestros municipios más pequeños y que, en muchas ocasiones, carecen de acceso directo a recursos jurídicos especializados. Este convenio es una herramienta fundamental para proteger a las personas en riesgo de perder su hogar y garantizar que sus derechos sean defendidos con profesionalidad y humanidad”.

Además, el presidente de la institución provincial ha puesto en valor el impacto positivo que esta iniciativa ha tenido en los últimos años, indicando que “gracias a este acuerdo hemos podido atender a cientos de familias que se encontraban en situaciones límite. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia de esfuerzo y sacrificio, y nuestro deber como administración pública es estar ahí para ofrecer soluciones reales y efectivas, porque nuestra prioridad es llenar Granada de vida”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha querido agradecer a la Diputación de Granada “la labor social que desarrolla y el esfuerzo que hace para llevar a las personas que más lo necesitan un asesoramiento jurídico que necesitan y al que muchas veces no pueden acceder. Durante este año volveremos a hacer esa labor social que venimos llevando a cabo desde hace una década y que ofrecemos desde nuestra institución por el beneficio de aquellos vecinos de la provincia de Granada que así lo necesiten”.

El convenio, que fue inicialmente firmado hace más de una década y prorrogado en años sucesivos, está dirigido específicamente a personas empadronadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Este enfoque busca paliar la desigualdad de acceso a recursos jurídicos en las zonas rurales de la provincia. A través de esta iniciativa, se ofrece asesoramiento en tres grandes áreas como son la intermediación hipotecaria, la problemática de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios de vivienda habitual y los conflictos en arrendamientos urbanos en casos de impago de alquiler, siempre que el arrendador no sea un particular.

La colaboración entre la Diputación y el Colegio de Abogados permitirá poner a disposición de las personas afectadas abogados especializados, designando un letrado de referencia en cada centro de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia. De esta forma, se asegura una atención personalizada y cercana a quienes acudan al servicio.

Centros de Servicios Sociales Comunitarios

Para garantizar una atención individualizada y próxima, la provincia de Granada cuenta con centros de Servicios Sociales Comunitarios en Alfacar, Comarca de Alhama, Huétor Tajar-Montefrío, Alpujarra, Costa, Montes Orientales, Zona Norte, Pinos Puente-Moclín, Pedro Martínez-Río Fardes-La Calahorra, Santa Fe, Sierra Nevada, Valle Lecrín-Ogíjares, Vega-Temple-Las Gabias y Vegas Altas.