
La Junta otorga ayudas a 26 entidades locales para formar a sus empleados públicos, entre ellas a la Mancomunidad de la Costa Tropical
El Instituto Andaluz de Administración Pública dedica tres millones de euros a subvencionar cursos para funcionarios municipales
Un total de veintiséis ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios se han beneficiado este año de las subvenciones que concede el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales.
En total, se han repartido 2.928.047,42 euros entre siete diputaciones (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); nueve ayuntamientos (las capitales de Córdoba, Granada y Málaga, el Consistorio granadino de Armilla, la localidad almeriense de El Ejido, los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Coria del Río, y las localidades onubenses de Palos de la Frontera y Almonte).
También se han destinado estas ayudas a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira (Granada) y las mancomunidades de las comarcas gaditanas de La Janda y Bahía de Cádiz, Islantilla (Huelva) y las comarcas granadinas de la Alpujarra, Huéscar, Ribera Baja del Genil, Costra Tropical y Alhama de Granada.
Las ayudas se distribuyen en régimen de concurrencia competitiva y para su reparto se han tenido en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas de las entidades locales y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior. Las cuantías de las subvenciones concedidas oscilan entre los 732.011,85 euros destinados a planes de formación de la FAMP y los 5.937,73 euros recibidos por la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Alhama de Granada.
El reparto de estos fondos puede consultarse en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) (https://juntadeandalucia.es/boja/2025/123/50).
"Con estas subvenciones, la Junta demuestra su compromiso con la formación de las personas empleadas públicas, ya que son la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía". En este caso, el Gobierno andaluz colabora con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales.
Los cursos pueden ser presenciales o telemáticos y generales o de especial complejidad. Estos últimos son los que se dirigen al personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que en el desarrollo de su actividad profesional requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios.
Las administraciones beneficiarias reciben al menos el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada para que puedan organizar las actividades formativas y podrán recibir otro 25% al inicio de éstas. El resto se abonará una vez terminadas y justificadas.
Desde el año pasado, tras una modificación de las bases reguladoras para simplificar los trámites de estas subvenciones, las entidades pueden ofrecer actividades formativas a su personal durante todo el año. Así, se podrán subvencionar cursos iniciados antes de la resolución de la concesión de la ayuda, lo que facilita una mejor distribución de los cursos durante el año y que no se concentren en el tiempo al tener que esperar a la publicación de la resolución.
También permite a las entidades locales ajustar mejor el contenido de los planes al importe que reciban. Eso evita las frecuentes modificaciones posteriores para reducir los planes de formación aprobados inicialmente y minorar la cuantía de las subvenciones concedidas o incluso devolver fondos.
La nueva orden (https://juntadeandalucia.es/boja/2023/212/2), que sustituyó a la anterior normativa de 2014, da respuesta a las demandas planteadas por muchos ayuntamientos durante los últimos años y se enmarca en la apuesta de la Junta por la simplificación administrativa, también para los ayuntamientos.