Comisiones Obreras (CC.OO.) ha denunciado hoy, 2 de febrero, que las dos pruebas piloto que Correos pretende implantar en la provincia de Granada no son un experimento aislado sino la antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal por la presidencia y la dirección de la empresa para aplicarse en todas las carterías, unas 2.500 en todo el país, con graves consecuencias laborales y de servicio público. Por ello, ha amenazado con movilizaciones en Granada ante dicha posible reestructuración denominada 'Nuevo Modelo Operativo'.

Así, ha recordado que estas pruebas piloto forman parte de un plan estatal deliberadamente oculto, estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar setenta y una “pruebas piloto” en todo el país. Esta distribución, ha explicado, no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto de las cerca de 2.500 carterías del país.

En Granada, ha advertido de que las dos pruebas piloto anunciadas son solo el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a todas las carterías de la provincia, un total de treinta, con impacto directo sobre quinientos cuarenta y cinco carteros. Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un "grave" desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

Además, ha alertado de que esta reorganización, aplicada sin planificación ni refuerzos, puede generar un caos operativo en un momento especialmente sensible, comprometiendo la correcta prestación del servicio postal público en plena preparación de los procesos de elecciones autonómicas que se avecinan.

Un modelo impuesto desde arriba

CC.OO. ha denunciado que el denominado Nuevo Modelo Operativo se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad. Además, introduce recorridos diarios variables, impuestos por algoritmos, y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación “cero” agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible.

“Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público”, ha criticado, alertando de que esta reorganización viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada.

Impacto directo en empleo y salud laboral

Comisiones Obreras ha advertido de que este modelo provocará una sobrecarga laboral insostenible, cronificando más aún la no cobertura de ausencias y aumentando más todavía las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad.

En este sentido, ha subrayado que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.

Exigencia de paralización

Ante esta situación, el sindicato ha exigido la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido. Mientras no constate lo contrario, CC.OO. defiende que el modelo vigente es el que debe mejorarse, tal y como recoge el espíritu del Acuerdo Marco firmado en 2024, acabando con los recortes, reforzando la plantilla con la contratación suficiente y convocando la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años.

Comisiones Obreras ha advertido de que, si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración "salvaje", con graves riesgos para el empleo, el servicio postal público y el propio funcionamiento del reparto en todo el país, en un horizonte de año y medio, hasta junio de 2027, atravesado por procesos electorales clave.