El presidente de VOX Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha exigido explicaciones públicas al delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, tras conocerse la detención de quien fuera su jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda.

Y es que ha subrayado que no se trata de un caso aislado, sino del segundo colaborador directo de Pedro Fernández salpicado por presuntos casos de corrupción, después de que otro de sus asesores, Antonio Fernández Menéndez, se encuentre vinculado a investigaciones relacionadas con el conocido como 'caso Koldo' y haya tenido que prestar declaración en el Tribunal Supremo. “Ya no estamos ante un simple error de criterio o ante mala suerte a la hora de designar a sus colaboradores más cercanos. Cuando dos jefes de gabinete consecutivos aparecen bajo el foco de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estamos ante un patrón que exige responsabilidades políticas”, ha afirmado López Olea.

La investigación en Sevilla gira en torno a una operación urbanística vinculada a una parcela de la empresa municipal Emvisesa en Pino Montano, en la que, según las diligencias conocidas, se habrían producido importantes plusvalías tras su adjudicación y posterior reventa. Entre los detenidos figura el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Perfiles bajo sospecha

Para el dirigente provincial de VOX, el hecho relevante no es únicamente el procedimiento judicial en sí sino la reiteración de perfiles bajo sospecha en puestos clave del entorno socialista. “En el PSOE parece haberse normalizado que en determinados cargos estratégicos se concatenen presuntos corruptos”, ha señalado, recordando lo ocurrido en la Secretaría de Organización del partido a nivel nacional, donde figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán están en el centro de graves polémicas. “Cuando en un mismo partido y en los mismos puestos orgánicos o institucionales se repiten los escándalos, el problema ya no es individual sino estructural”, ha advertido.

En este sentido, ha indicado que, más allá de las responsabilidades penales que deberán dirimirse en sede judicial, existe una evidente responsabilidad política por parte de Pedro Fernández respecto a los cargos de máxima confianza que nombra directamente. “Estamos hablando de jefes de gabinete y asesores que tienen acceso a información sensible y privilegiada relacionada con contratos públicos, adjudicaciones y decisiones estratégicas. No son puestos menores ni administrativos, son personas de su máxima confianza”, ha subrayado.

López Olea ha concluido manifestando que “cuando quienes ocupan esos puestos estratégicos terminan bajo investigación judicial de manera reiterada el responsable político no puede limitarse a mirar hacia otro lado”.