La Guardia Civil, a través de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de Granada, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de productos fitosanitarios de uso profesional a través de internet, en el marco de la operación 'Glifos'. La investigación ha permitido esclarecer la actividad de un grupo perfectamente estructurado, con sede en Madrid, cuyos integrantes contaban con roles diferenciados y utilizaban un entramado empresarial para ocultar su actividad ilícita. Estos productos eran ofertados a nivel nacional e internacional mediante plataformas de venta online, incurriendo en la modalidad de “venta a distancia�, prohibida por la normativa vigente.

Según las pesquisas, los investigados adquirían los productos utilizando la habilitación de una persona vinculada al grupo inscrita en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), si bien carecían de autorización para su posterior distribución. Entre septiembre de 2022 y octubre de 2024, el grupo llegó a comprar más de 210.000 litros de estos productos por un importe superior a 1,85 millones de euros, utilizando para ello dos mercantiles no autorizadas para operar en este ámbito.

Los productos eran almacenados en una nave situada en la provincia de Navarra sin cumplir las garantías de seguridad exigidas, para su posterior distribución tanto en España como en otros países, principalmente Francia, donde existe una alta demanda debido a las restricciones sobre determinadas sustancias como el glifosato.

Durante la investigación se ha estimado que las ganancias obtenidas por esta actividad ilícita podrían superar los dos millones de euros. Asimismo, se ha detectado que la distribución de la mercancía se realizaba a través de una empresa de transporte gestionada por miembros del propio grupo.

La operación se ha saldado con la investigación de cinco personas y cuatro mercantiles, así como con la inmovilización de siete palés de productos fitosanitarios, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos contra la salud pública, el medio ambiente, la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal, contrabando, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Los organismos colaboradores han advertido de los graves riesgos que este tipo de actividad clandestina supone, tanto por la falta de control sobre estos productos como por sus posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. En este sentido, distintos informes técnicos señalan que sustancias como el glifosato, ampliamente utilizado en este tipo de productos, pueden resultar tóxicas y potencialmente contaminantes, además de haber sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente carcinógenas en humanos�.

La investigación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Granada, con la colaboración de la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.