El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en mayo en Granada ha sido de 62.190 personas, 1.024 menos que el mes pasado (-1,62%), y hay 6.144 personas inscritas en paro menos que hace un año (68.334), cuando bajó el desempleo en 956 personas. Con esta bajada, que se suma a la de los últimos meses, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) valoran en positivo dicha tendencia pero reivindican reformas contra la precariedad y el desempleo de larga duración, y subir salarios, crear empleo y mejorar las condiciones laborales, respectivamente.

En el análisis por sectores, ha bajado el paro en servicios (-689), colectivo de personas sin empleo anterior (-217), construcción (-119), e industria (-36. Y ha subido sólo en agricultura (37). En cuanto a la contratación, durante dicho mes, se han realizado en Granada un total de 25.513 contratos, 1.031 menos que en el mismo mes del año 2025 (26.544).

Así, del total de contratos, 16.206 han sido temporales, un 63,52%. En cuanto a la contratación acumulada en lo que va de año, se han firmado 129.939 contratos laborales en Granada, 1.160 menos que a esta misma fecha del año pasado, cuando había 131.099. De esos 129.939 contratos en lo que llevamos de 2026, un 39,89% (51.827) han sido de carácter indefinido.

Ante estos datos y tras su análisis por la Secretaría de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad de la UGT, el sindicato ha valorado positivamente la creación de empleo en la provincia y ha recordado, según Encarna Vargas, secretaria de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad, que al menos en los últimos cinco años el comportamiento del desempleo en Granada durante este mes ha seguido una tendencia clara de descenso, consolidando cifras que no se veían desde antes de la crisis de 2008.

"Mayo es históricamente un mes favorable para el empleo en nuestra provincia, con una dinámica estacional impulsada principalmente por la reactivación del sector servicios y las campañas turísticas", ha explicado.

Por su parte, la responsable de Empleo de CC.OO. Granada, Gabriela García, ha asegurado que estamos viendo cómo los márgenes empresariales se consolidan en máximos históricos, los beneficios de la patronal han crecido cuatro veces más que los salarios y ha considerado que “deben trasladarse en forma de beneficios no sólo para la patronal sino también para la clase trabajadora".

Por ello, ha advertido que desde CC.OO. se va a comenzar una ofensiva sindical en la negociación colectiva. “Vamos a batallar convenio a convenio, donde vamos a poner todas las herramientas encima de la mesa para que los salarios de las trabajadoras y los trabajadores garanticen un aumento de su poder adquisitivo”.

Asimismo, Encarna Vargas ha puesto en valor que el mercado de trabajo granadino ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral. Sin embargo, ha advertido que persisten desafíos muy relevantes, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida y el bienestar de las personas trabajadoras. Desde el sindicato se ha insistidl en que los buenos datos coyunturales no pueden camuflar los problemas de fondo de la provincia. Por esta razón, ha hecho hincapié en la necesidad de no mirar hacia otro lado ante las situaciones más vulnerables.

"No se puede obviar la persistencia del paro de larga duración, que evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora granadina", ha denunciado la representante de UGT . "Afrontar esta realidad exige reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos".

Para UGT Granada, el avance del mercado laboral debe ir acompañado de cambios normativos profundos que protejan al eslabón más débil de la cadena, considerando imprescindible abordar de forma integral los desequilibrios actuales actuando sobre dos ejes clave: el régimen de despido y la contratación a tiempo parcial. "Es prioritario actuar sobre el régimen de despido, reforzando la causalidad, las garantías y el carácter disuasorio de la indemnización", ha reclamado la líder sindical.

Igualmente, ha incidido en la urgencia de regular el contrato a tiempo parcial, "limitando su uso a supuestos justificados, garantizando la previsibilidad de la jornada y reforzando el derecho a la jornada completa como estándar". Según Vargas, se trata de medidas interconectadas que buscan "corregir la precariedad estructural, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad del trabajo".

A modo de conclusión, la ugetista ha indicado que este escenario debe aprovecharse para acometer las reformas pendientes. "Es el momento de afrontar con decisión estos retos. Solo mediante el impulso de reformas como las planteadas en la propuesta sindical el refuerzo de las políticas activas de empleo y la mejora de los salarios será posible consolidar un mercado de trabajo más equilibrado, productivo y socialmente justo", ha concluido.

Por unos servicios gratuitos y de calidad

La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras se ha referido, por otro lado, al deterioro “premeditado” que se está haciendo de lo público por parte del Gobierno andaluz: la sanidad, la educación y la dependencia, advirtiendo de que “las familias trabajadoras granadinas cada vez tienen que gastar más dinero” en unos servicios que deben ser gratuitos y de calidad. El resultado, ha subrayado, es negocio para una minoría y listas de espera en sanidad, imposibilidad de acceder a una plaza en la enseñanza pública, en la universidad, o demoras de vergüenza para la dependencia, y residencias para nuestros mayores sin plazas.

Finalmente, Gabriela García ha puesto el foco en la que considera la “gran política pública que ahora mismo está fallando en nuestro país: la vivienda”. “Necesitamos hogares a precios asequibles”, insistiendo en la ILP impulsada por CC.OO., junto a otras organizaciones sociales para limitar los precios de compra y alquiler de la vivienda, “para que todas y todos podamos tener un hogar digno y poner fin de una vez a la especulación inmobiliaria”, ha terminado.