Centrados en Motril ha manifestado su firme rechazo a la nueva regulación de la tasa de basura impulsada por el Ayuntamiento de Motril al considerar que el modelo elegido es injusto, poco equitativo y especialmente perjudicial para numerosas familias motrileñas, pensionistas, personas mayores y pequeños propietarios que verán incrementada su carga fiscal sin que exista una relación directa con la cantidad real de residuos que generan.

El secretario de Centrados en Motril, José Luis Chica López, ha señalado que "nadie discute la obligación legal de adaptar la tasa de residuos a la Ley 7/2022, lo que cuestionamos es la forma en la que el Gobierno municipal ha decidido hacerlo. La Ley exige cubrir el coste real del servicio, pero no impone en ningún momento que el recibo se calcule en función de los metros cuadrados de una vivienda". Y es que ha recordado que la normativa estatal deja margen suficiente a los ayuntamientos para diseñar sistemas adaptados a la realidad social y económica de cada municipio, asegurando, sin embargo, que el Consistorio motrileño ha optado por un criterio que ignora factores tan importantes como el número de personas que residen en la vivienda o la generación efectiva de residuos, centrándose principalmente en la superficie del inmueble.

La presidenta de Centrados en Motril, �ngeles López, ha estimado, por su parte, que "resulta profundamente injusto que una persona mayor que vive sola en una vivienda construida hace décadas pueda terminar pagando más que una familia numerosa en un inmueble de menor superficie. La justicia fiscal exige que se tenga en cuenta la realidad de cada hogar y no únicamente los metros cuadrados de una propiedad".

Además, desde Centrados en Motril han mostrado su preocupación por la situación de numerosos pequeños propietarios y emprendedores que disponen de locales comerciales cerrados o sin actividad. Con el modelo planteado por el Ayuntamiento, muchos de estos inmuebles continuarán soportando la tasa pese a no generar residuos o hacerlo de forma prácticamente inexistente.

José Luis Chica López ha denunciado que "no tiene ningún sentido que un local cerrado, sin actividad y sin generar basura tenga que pagar una tasa calculada por metros cuadrados. Eso no responde al principio de 'quien contamina paga', sino al de 'quien tiene un inmueble paga'. No es justicia fiscal, es una decisión claramente recaudatoria".

Lo más preocupante para la formación es que existen ejemplos cercanos que demuestran que otra forma de aplicar la ley es posible. Municipios como Granada o Almuñécar han desarrollado modelos que incorporan bonificaciones sociales, mecanismos de compensación y supuestos de no sujeción para determinados inmuebles o actividades, tratando de adaptar la normativa a la realidad de sus vecinos y evitando que la carga recaiga exclusivamente sobre las familias.

En el caso de Granada, la ordenanza contempla situaciones de no sujeción para determinados inmuebles y prevé mecanismos que permiten excluir del pago ciertos residuos gestionados por operadores autorizados. Asimismo, incorpora bonificaciones para colectivos vulnerables.

Almuñécar, por su parte, también establece excepciones para determinados locales sin actividad y para quienes acrediten la correcta gestión privada de sus residuos mediante gestores autorizados.

Por ello, �ngeles López ha afirmado que "si otros municipios cercanos han sido capaces de introducir medidas correctoras, exenciones y bonificaciones para proteger a sus vecinos no entendemos por qué Motril ha optado por el camino más gravoso para los ciudadanos. El Ayuntamiento debería estar buscando fórmulas para aliviar la carga fiscal y no para incrementarla".

A nivel nacional ha mencionado igualmente numerosos ejemplos de ayuntamientos que han aplicado la Ley 7/2022 incorporando medidas compensatorias. Municipios como Las Rozas, Móstoles o Alcalá de Henares han acompañado la implantación de la tasa con reducciones en otros impuestos municipales. Otras ciudades han vinculado parte del cálculo al consumo de agua o al reciclaje efectivo para aproximarse al principio europeo de 'quien contamina paga'. En muchos casos se han habilitado bonificaciones destinadas a familias vulnerables, pensionistas o colectivos con menores ingresos.

"Desde Centrados en Motril defendemos que la tasa debería orientarse hacia criterios más justos y sociales, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada vivienda, la generación efectiva de residuos y las circunstancias económicas de las familias. Consideramos que el sistema actual castiga injustamente a muchos vecinos por el simple hecho de residir en una vivienda de mayor tamaño, independientemente de cuántas personas vivan en ella o del uso real que hagan del servicio".

Por todo ello, Centrados en Motril ha exigido al Gobierno municipal que rectifique, abra un proceso de diálogo con los ciudadanos y estudie medidas de compensación fiscal similares a las aplicadas en otros municipios españoles. Asimismo, ha reclamado la incorporación de dos bonificaciones sociales, exenciones para locales sin actividad y un modelo que vincule el pago a la generación real de residuos y al número de personas que utilizan el servicio.