En el pleno ordinario de hoy, 10 de septiembre, en el apartado de Ruegos y Preguntas, la Corporación municipal del Ayuntamiento de Salobreña ha tratado otro tema de especial relevancia: el ataque que varios trabajadores municipales vienen sufriendo desde hace tiempo con una sucesión de manifestaciones difundidas fundamentalmente a través de redes sociales en las que se cuestiona y desacredita públicamente su actuación profesional y, veladamente, la personal. El alcalde, Javier Ortega Prados, ha anunciado medidas legales contra dicho acoso

En este conjunto de publicaciones se señala a trabajadores concretos, identificados mediante su puesto o incluso, a veces, mediante sus nombres y apellidos, y se les atribuyen hechos, comportamientos o actuaciones que responden a afirmaciones, según se ha expuesto en la sesión plenaria, carentes de fundamento, medias verdades presentadas de manera sesgada o descontextualizada, e interpretaciones manipuladas de situaciones y conversaciones que no se corresponden con la realidad.

Todo ello está en los juzgados y, como ha explicado Ortega Prados, las demandas interpuestas por estas personas interesadas en un procedimiento administrativo no les han sido favorables o han sido archivadas, perdidas o ni siquiera admitidas a trámite.

Ante estos gravísimos hechos, con campañas de descrédito vinculadas al legítimo ejercicio de sus funciones, el primer edil de la Villa, en nombre de toda la Corporación municipal, ha manifestado rotundamente su apoyo y respaldo institucional, y ha indicado que se tomarán todas las medidas legales y administrativas necesarias para proteger no solo los derechos de los trabajadores afectados sino de toda la institución municipal y del pueblo de Salobreña.

El representante de las organizaciones sindicales UGT Y CC.OO. ha leído un manifiesto donde ha querido hacer constar “que no solicitan privilegios para ningún trabajador, ni pretenden sustraer la actuación administrativa a la crítica o al control ciudadano, tan solo que los trabajadores municipales puedan desarrollar las funciones que legalmente tienen encomendadas sin que el cumplimiento de sus obligaciones laborales los convierta en objeto de campañas personales de descrédito, intimidación o señalamiento público”.

Por último, el escrito de los sindicatos señalaba que “los empleados públicos tenemos reconocido el derecho a recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y que la prevención de riesgos laborales debe comprender aquellas medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos que puedan afectar a su salud.”