La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abierto el plazo de consulta pública previa del futuro Decreto de Producción Integrada (PI) de Andalucía. Organizaciones, asociaciones y la ciudadanía en general pueden presentar así sus opiniones y aportaciones al documento desde hoy y hasta el próximo 24 de agosto. El objetivo es disponer, sobre la base del diálogo social y el consenso con todos los agentes implicados, de un marco normativo nuevo que dé respuesta a los nuevos retos de un sistema de cultivo sostenible que ha alcanzado una gran relevancia en la comunidad autónoma desde su implantación en 2003, con un incremento de su superficie en la práctica totalidad de los sectores productivos.

Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico persigue actualizar y modernizar la normativa que regula la Producción Integrada en el conjunto de la región y adaptarlo a la legislación vigente en la comunidad relativa a sistemas de calidad, control oficial y organismos de certificación, así como regular el proceso de inscripción de los operadores y desarrollar un procedimiento de verificación y certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos. De este modo, se da un paso más en una trayectoria que arrancó en Andalucía con la aprobación de un primer decreto para la actividad en el año 2003, modificado después en 2008 y acompañado por las correspondientes órdenes para su ejecución. De igual modo, adicionalmente, cada cultivo cuenta con reglamentos específicos que establecen las prácticas consideradas obligatorias, prohibidas y recomendadas.

Las personas o entidades interesadas en participar en la redacción de este documento pueden enviar sus planteamientos durante 15 días hábiles a la dirección de correo electrónico sga.capder@juntadeandalucia.es. Es necesario indicar el nombre y apellidos, la razón social o la denominación de la organización a la que se representa. También se puede recibir más información en el portal de la Junta de Andalucía, en el siguiente enlace: http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-previa/detalle/128080.html.

Alta implantación en Andalucía
La Producción Integrada, con 53.239 productores y 332 operadores (271 agrupaciones y 61 individuales), ha experimentado un avance notorio en Andalucía desde el ejercicio 2003. La comunidad autónoma cuenta hoy, según los datos del cierre de 2016, con 543.399,71 hectáreas certificadas, muy lejos de las 81.322 hectáreas con las que se partía hace 14 años y un 42,48 por ciento más que las registradas en 2009 (381.382 hectáreas). Destaca la fuerte implantación en el arroz, con 37.141,49 hectáreas (el 91,97 por ciento de la superficie dedicada a este cultivo en toda la región); el tomate para la transformación, con 3.148,80 hectáreas (el 76,58 por ciento); la remolacha azucarera, con 6.278,94 hectáreas (el 72,84 por ciento); la fresa, con 4.733,02 hectáreas (el 64,07 por ciento); o el algodón, con 46.901,36 hectáreas (el 63,21 por ciento). En términos absolutos, no obstante, lidera el ranking el olivar, que aporta hasta 396.346,23 hectáreas, lo que equivale a más de una cuarta parte del sector (el 25,57 por ciento).

Producción Integrada
La Producción Integrada se erige en un sistema de cultivo en el que prima el máximo aprovechamiento de los recursos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, en la medida en que introduce métodos biológicos y químicos de control y otras técnicas que compatibilizan las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, sin olvidar los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, como las operaciones realizadas para la manipulación, el envasado, la transformación y el etiquetado.

En concreto, es una forma de racionalización de los sistemas productivos que se fundamenta en la sustitución de agroquímicos (fitosanitarios y fertilizantes) por tecnologías sostenibles mucho más respetuosas con la naturaleza. Este tipo de producción debe basarse, de hecho, en la optimización del uso del suelo y de las disponibilidades del agua y radiación solar y constituye, con ello, una mayor garantía de seguridad alimentaria y de rentabilidad de las explotaciones.