El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha realizado un balance del pleno municipal de junio en el que se aprobó por unanimidad la comisión para poner en marcha una campaña informativa sobre los riesgos de retirar por particulares y abandonar en la basura o en el entorno natural cubiertas y tubería de fibrocemento por contener amianto.

Martín ha afirmado que como quedó patente durante el debate de la moción, los técnicos municipales tanto de Urbanismo como de Medio Ambiente ya asesoran personalmente a cada particular o empresa que realiza una reforma en un inmueble que cuenta con este tipo de material constructivo muy habitual hasta que fue prohibido hace 20 años "el problema está cuando se hace una reforma sin la preceptiva licencia de obras y por lo tanto no se puede realizar un control de cómo se trata este residuo que es cancerígeno si se rompe o se quema".

El edil andalucista ha aseverado que "no hay más que darse una vuelta por la Vega y sobre todo de la Gorgoracha o la Bullarenga para comprobar que cada vez son más frecuentes los vertederos ilegales en donde se acumulan cubiertas y tuberías de fibrocemento, más conocidas por su nombre comercial, uralita. Con el peligro que conlleva para la salud de las personas que manejan estos escombros sin la debida protección y para todas las personas que viven o pasan cerca de esos depósitos de residuos."

Hace 20 años se prohibió en España el empleo en la construcción de productos que contuviera fibras de amianto, conocido como fibrocemento o su nombre comercial más conocido, uralita. El Consejo General de Arquitectura Técnica de España (CGTAE) estima que hay casi tres millones de toneladas de este tipo de cubierta, también usado para canalizaciones, en viviendas tanto particulares como colectivas, centros educativos y espacios de trabajo.

"El acuerdo por el que se prohibió su uso en 2002, se basa en que es un producto cancerígeno, con una vida útil de un tercio de siglo, pero pasado esta treinta de años, su exposición es aún más peligrosa para las personas que viven o trabajan cerca" ha añadido Martín.

La moción recordaba que las personas que quieran retirar la uralita de sus viviendas disponen de algunas ayudas "pocas y poco publicitadas" para el correcto tratamiento del escombro. Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del Programa de Rehabilitación para la Recuperación Económica y Social en Entornos Residenciales permite la subvención de las tareas de desamiantado como proceso de conservación y subsanación de deficiencias en edificios. Las primeras ayudas cubren el 40% del coste de la obra. Las segundas, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contemplan ayudas de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio para la retirada de amianto.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica está elaborando la norma de tramitación para la gestión de residuos contaminados y contempla que los Ayuntamientos retiren el amianto de todas las instalaciones de carácter público con mayor riesgo antes de 2028.

En el caso de edificios residenciales, son las comunidades de vecinos las que deciden si cambiarlo o no, no existe ninguna obligación. Y tienen que asumir el coste íntegro de los gastos. Aunque existen ayudas públicas son poco específicas, ya que se engloban en subvenciones para la rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, cubriendo como máximo el 35% del coste si se retira la uralita para mejorar el aislamiento térmico.

Ayuntamientos y comunidades autónomas están creando sus propios incentivos. En el caso de la Junta de Andalucía, no hay un epígrafe concreto, pero puede incluirse en las ayudas para rehabilitación de edificios y como hemos mencionado antes, la mejora de la eficiencia energética.

Siempre los trabajos de retirada de componentes que contengan amianto y fibrocemento, tienen que realizarlos empresas autorizadas para la gestión integral del amianto y estén incluidas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.).

Para concluir, Martín ha agradecido la unanimidad de la aprobación y ha declarado que espera que la campaña tenga los resultados esperados. El edil andalucista ha afirmado que ya se ha sancionado con multas de hasta 100.000 euros a personas que han sido sorprendidas arrojando este tipo de material, por lo que ha apelado a la colaboración ciudadana para que denuncien cualquier indicio de irregularidad "ya que el acto incívico de unos pocos pone en riesgo la salud de todos".