
El PP denuncia que la mala gestión de Francisco Cuenca podría costarle a Granada más de tres millones de euros
Se anula a subida del IBI a los parkings y sus propietarios plantean reclamar ese dinero
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy que la mala gestión y la "voracidad recaudadora" del alcalde socialista de la ciudad, Francisco Cuenca, podría costarle a los granadinos más de tres millones de euros, si es que prospera la reclamación que plantean los propietarios de 76 parkings de la capital, ante una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) llevaba a cabo por el Partido Socialista (PSOE) en 2018.
Así lo ha manifestado el portavoz del PP en el Consistorio, Luis González, quien ha lamentado que “otra vez más, las malas decisiones tomadas por el alcalde socialista y su equipo de gobierno ponen las arcas municipales en jaque”, recordando que “no solo en este mandato Cuenca está demostrando su incapacidad para gobernar con acierto, sino que ya en su anterior etapa dejó perlas de las que hoy vemos sus consecuencias”.
La subida en los tipos diferenciados del IBI fue llevada a pleno por Cuenca, “ante la presión de sus socios de gobierno de la izquierda radical", en octubre de 2018 y aprobada por PSOE e IU. Una sentencia del Tribunal Supremo los ha declarado ahora nulos, lo que por “esta falta de criterio, de gestión y el sometimiento del socialista Cuenca, quien ya ha demostrado gobernar la ciudad nos puede costar más de tres millones de euros a todos los granadinos”.
Asimismo, Luis González ha explicado que la reclamación que los propietarios de los parkings de Granada plantean llevar a cabo podría llevar a cabo la revocación de liquidaciones de IBI de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, además de la reposición del IBI del año 2023. Una situación que, ha insistido, volvió a suceder "a instancias de las exigencias de los socios de gobierno del socialista Paco Cuenca en octubre de 2021, diversificando aún más las secciones de tipos diferenciales, a pesar de la oposición del PP y de los informes técnicos que cuestionaban la idoneidad administrativa y jurídica" y que salió de nuevo adelante "con los votos del PSOE y de la izquierda radical”.