Comisiones Obreras (CC.OO.) ha presentado hoy, 24 de noviembre, en rueda de prensa el 'Informe sobre la situación socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia de género en Granada', del que la secretaria de la Mujer de CC.OO. Granada, Clara Castarnado, ha destacado la “preocupante” disminución en los contratos bonificados en la provincia, pasando de cuarenta y cuatro en el año 2021 a treinta y seis en el 2022, con una cifra “aún más baja” de dieciséis contratos en el presente año, representando una disminución del 44 por ciento en comparación con el año anterior. "El contrato bonificado es para ellas la vía de acceso al mercado de trabajo que les permite salir del círculo del maltrato", ha asegurado.

En este sentido, Castarnado ha explicado que desde CC.OO. reclaman un compromiso firme por pate del empresariado para activar y utilizar este tipo de contratos, ya que son pieza fundamental para favorecer la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia. A su juicio, la baja cantidad de contratos bonificados evidencia que los mecanismos de inserción no están cumpliendo su función de manera eficiente. Y por ello, desde el sindicato urgen a todas las partes involucradas, desde las autoridades hasta el sector empresarial, a unirse en un esfuerzo conjunto para revertir esta tendencia y garantizar un acceso equitativo al empleo para mujeres víctimas de violencia de género; “la colaboración con otras organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones y plataformas feministas para acabar con las violencias machistas”, ha terminado la responsable sindical.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras Granada, Daniel Mesa, ha mostrado la preocupación y el descontento del sindicato ante las acciones emprendidas por parte del Gobierno andaluz, puesto que “en un momento en el que la lucha contra la violencia de género debería ser una prioridad incuestionable la Junta reduce en los presupuestos en cinco millones de euros la partida destinada a la protección de las víctimas”.

Para el líder sindical, "nos vemos en la obligación de señalar que, mediante esta acción, la Junta parece negar la gravedad y urgencia de la violencia de género", recordando que "un presupuesto no es solo un documento sino un compromiso de acción". En su opinión, "la protección y el apoyo a las víctimas deben ser prioridades inquebrantables y no podemos permitir que la falta de recursos comprometa la seguridad y el bienestar de quienes más lo necesitan".

"La partida de Protección contra la violencia de género asciende a un total de 23.123.149 millones, cifra inferior a la prevista para el ejercicio 2023. Esto implica que existen 5.226.981 millones menos para la protección contra la violencia de género; no solo eso sino que, además, al analizar los datos de ejecución del presupuesto 2023 observamos con inquietud que solo se ha ejecutado el 35 por ciento de la partida" porque "precisamente aún queda pendiente la ejecución de un total de 21.403.910 millones de euros".