El personal de los servicios públicos educativos y complementarios de todos los centros educativos granadinos, en concreto el Personal Técnico de integración Social y los Intérpretes de Lengua de Signos privatizados (servicios de atención directa en el aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo), ha secundado hoy, 7 de febrero, según Comisiones Obreras (CC.OO.), la jornada de huelga convocada para denunciar "la extrema precariedad a la que está sometido a este servicio".

El responsable de Enseñanza Concertada de CC.OO. Enseñanza Granada, Adriano Fernández, ha criticado que la mayoría de los servicios que prestan estos profesionales está privatizada o externalizada. "Es decir, son licitados por empresas privadas, a través de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), la cual, a pesar de los compromisos adquiridos con el colectivo e incluso habiendo atendido a las denuncias de Comisiones por los incumplimientos en materia laboral de alguna de estas empresas, continúan sin concretar las modificaciones de los próximos pliegos de licitación que podrían suponer el fin de la mayoría de las irregularidades cometidas por las empresas".

Fernández ha señalado que, además, se trata de un sector altamente feminizado donde más del 90 por ciento son mujeres. “Se constata, de nuevo, que el binomio mujer-precariedad en los centros educativos públicos andaluces es una constante, mientras este gobierno no ejecute políticas serias en coordinación con los agentes sociales con el claro objetivo de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres”.

Asimismo,ha indicado que las empresas que gestionan este servicio privatizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. siguen incumpliendo el convenio colectivo de aplicación en lo que respecta al abono de las vacaciones y festivos, atrasos, antigüedad, contratos inferiores a lo exigido en la licitación o el abono del salario en tiempo y forma, entre otras cuestiones.

Por otra parte, ha explicado que nuevamente la autoridad laboral ha impuesto unos servicios mínimos "abusivos" que impiden que casi el 80 por ciento de PTIS e ILSE puedan ejercer su derecho a huelga. "Ya fueron anulados para estos mismos colectivos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado septiembre tras la denuncia presentada por Comisiones y vuelven a dictaminar similares servicios pero, esta vez, enmascarados con un lenguaje confuso para intentar saltarse la sentencia del TSJA".

Así las cosas, el sindicato ha asegurado que ante esta nueva vulneración de los derechos de las personas trabajadoras ya se han iniciado los trámites judiciales para su denuncia.