El diputado nacional del Partido Popular (PP) Carlos Rojas ha defendido el endurecimiento de las penas para luchar contra el fraude eléctrico asociado con el cultivo de marihuana, “delitos que generan importantes perjuicios económicos y sociales y que ponen en riesgo la seguridad de las personas”. El PP ha registrado una proposición no de ley a este respecto en el Congreso de los Diputados.

“Este tipo de actividades delictivas han crecido en los últimos años hasta alcanzar cifras verdaderamente alarmantes, singularmente en Granada”, ha explicado. “El fraude en nuestra provincia ha aumentado un 20% en 2023, mientras que las plantaciones se han incrementado un 54%”.

“El año pasado se desmantelaron en Andalucía una media de cuarenta fraudes a la semana. Las estimaciones indican que estas actividades cuestan a los consumidores españoles 2.000 millones de euros al año, el equivalente a 69 euros anuales por cada punto de suministro”.

En palabras de Carlos Rojas, “es urgente adoptar medidas para atajar este problema, ya que las penas actuales no son suficientemente disuasorias; solo se impone una multa de hasta doce meses y no se aplica en ningún supuesto una pena privativa de libertad, lo que facilita la proliferación de instalaciones ilegales por parte de las mafias”.

En concreto, el PP solicita la creación de un nuevo tipo agravado que contemple el perjuicio al interés público y a los usuarios de las conductas relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas, con una pena de uno a tres años de prisión y de seis a dieciocho meses de multa. “Además, exigimos el refuerzo de los recursos y materiales de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

“Hay países de nuestro entorno que han dado respuesta a este problema a través de la ley, fijando penas de cárcel por fraude eléctrico como en el caso de Alemania, Italia o Francia”, ha señalado el diputado.

“Este tipo de fraude no solo perjudica a las empresas suministradoras sino que afecta a la factura de los consumidores, provoca cortes de suministro como ocurre en Granada, reduce la recaudación de impuestos del Estado y genera riesgos para la seguridad de las personas”.

“Nuestra provincia sufre cada día las consecuencias de los cortes de luz mientras que el Gobierno de Sánchez no es capaz de resolver ni aportar soluciones a este grave problema. Pedimos determinación y compromiso para atajar esta lacra que tanto daña a la economía granadina y a la convivencia”, ha concluido.