Izquierda Unida denuncia públicamente el lamentable estado en el que se encuentra la perrera municipal de Motril. Esta denuncia se produce tras la visita realizada por representantes de IU hace apenas dos días a las instalaciones, de la que salieron profundamente alarmados ante la cantidad de deficiencias, irregularidades y negligencias detectadas. La situación observada resulta incompatible con cualquier estándar básico de salubridad, mantenimiento y dignidad para los animales que allí se encuentran bajo custodia municipal.

Desde IU quieren comenzar reconociendo y agradeciendo la encomiable labor que realizan las personas voluntarias, que de manera totalmente altruista acuden prácticamente a diario para atender a los animales y paliar, en la medida de lo posible, las graves carencias del servicio. Una labor que, conviene recordar, debería estar siendo asumida por la empresa adjudicataria, que es quien recibe fondos públicos para ello.

Durante la visita, expone Christian Linares, se constataron condiciones absolutamente inaceptables en los cheniles: paredes cubiertas de suciedad acumulada hasta el punto de estar ennegrecidas, techos deteriorados que no protegen de la lluvia y provocaron que los animales quedaran empapados tras el último temporal, pasando frío y humedad. Todo ello supone un incumplimiento flagrante del contrato municipal, que establece de forma expresa que las instalaciones deben garantizar el bienestar y la salubridad de los animales, manteniendo los cheniles en perfecto estado funcional y sanitario.

Linares denuncia la presencia de elementos peligrosos como rejas sueltas que pueden provocar heridas a los perros, así como cerraduras en mal estado. Resulta especialmente preocupante que, mientras la empresa va a recibir 150.000 euros para la construcción de nuevos cheniles, existan actualmente varios vacíos y en un estado de abandono evidente. Antes de ampliar, es imprescindible reparar y acondicionar lo que ya existe.

Otro de los aspectos más llamativos, explican desde IU, fue el estado del vallado perimetral. En lugar de realizar reparaciones adecuadas, se han colocado parches improvisados: somieres utilizados como puertas, jaulas de pájaros desmontadas, arquetas de alcantarilla a modo de contrapeso o marcos de madera. El vallado requiere una intervención urgente, no solo por seguridad, sino también para evitar que se sigan produciendo abandonos lanzando animales por encima de la valla o sustracciones de perros.

El contrato con la empresa recoge, además, otras obligaciones que tampoco se están cumpliendo. Entre ellas, la garantía de dos paseos diarios de media hora por animal, una tarea que actualmente recae casi en exclusiva en el voluntariado. De hecho, la propia información facilitada por el Ayuntamiento reconoce que los tiempos establecidos no se cumplen, lo que demuestra que el equipo de gobierno es plenamente consciente de la situación.

Tampoco se están llevando a cabo las campañas divulgativas y de adopción establecidas por contrato. Las redes sociales de la perrera no registran actividad desde el mes de abril, a pesar de que el contrato exige al menos dos publicaciones semanales. Han pasado ocho meses sin información sobre visitas, adopciones o campañas de concienciación, todo ello con el consentimiento tácito de la alcaldesa, Luisa García Chamorro, que conoce los incumplimientos y no actúa.

Asimismo, la empresa incluyó en su memoria la celebración de una feria de adopciones en septiembre de hace dos años, una iniciativa que nunca se ha materializado. Una vez más, la inacción del gobierno municipal resulta evidente, pese a las continuas denuncias públicas que se realizan en redes sociales sobre lo que ocurre en estas instalaciones.
Desde Izquierda Unida se han formulado las preguntas pertinentes para conocer qué medidas está adoptando el equipo de gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la perrera, recordando que se trata de dinero público, de todos los motrileños y motrileñas, que se está destinando a un servicio que no se está prestando adecuadamente. El Ayuntamiento tiene la obligación de supervisar, exigir y sancionar los incumplimientos, y no lo está haciendo.
Cuando una empresa incumple y la administración mira hacia otro lado, con la alcaldesa García Chamorro al frente, el problema deja de ser únicamente empresarial y pasa a ser una clara dejación de funciones. Hablamos de seres vivos bajo custodia municipal; no es solo una cuestión de gestión, sino una responsabilidad moral y legal, ha reiterado IU.

La formación de izquierdas entiende que la concejala responsable llegó hace poco a su puesto, pero expone, “no podemos olvidar que esta situación lleva años así, y por eso, desde Izquierda Unida exigimos tres cosas muy claras:

1.Una inspección inmediata del albergue.
2.El cumplimiento estricto del contrato o, en su defecto, la rescisión del mismo.
3.La puesta en marcha de un plan público, con plazos realistas, que garantice el bienestar animal.

Esto no va de ideologías ni de confrontación política, va de dignidad. Mientras esta situación no se solucione, Izquierda Unida seguirá vigilante y denunciando lo que ocurre. Si es necesario que denunciemos la situación a las autoridades pertinentes, así lo haremos, sin ningún atisbo de duda, ha finalizado Linares.