Un centenar de profesionales relacionados con los Servicios Sociales Comunitarios y las Políticas Sociales han participado en una jornada formativa sobre la aplicación de la Renta Mínima de Inserción Laboral que se estima beneficiará cada año en Granada a 5.830 unidades familiares y a unas 15.000 personas.

La jornada, que se ha celebrado en el salón de actos de la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha sido inaugurada por la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, el delegados de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, y de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, Juan José Martín.

El decreto-ley establece que será el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, quien diseñe un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.

Este documento, que se elaborará en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. El mismo, prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.

Se estima que esta nueva prestación beneficie cada año en Granada a 5.830 unidades familiares y unas 15.500 personas. Cifras que aumentan a 45.000 unidades familiares y unas 120.000 personas, en el conjunto de Andalucía, de este total, alrededor de 14.700 corresponderían a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), como son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.

El nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. La prestación, en vigor desde el pasado 1 de enero, cuenta con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para el periodo 2018-2021.

El Decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las Asociaciones de Consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.