Califican esta decisión como un "atropello a los derechos de la oposición"
El próximo jueves 25 de julio, cuarto jueves del mes, correspondía celebrarse pleno ordinario en el Ayuntamiento de Almuñécar. Es lo que establece la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 46.2 de que dice textualmente: “El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes”. En tal sentido, el Pleno de Almuñécar del pasado 26 de junio aprobó, por unanimidad, “que las sesiones del Pleno de este Ayuntamiento, de carácter ordinario, se celebren el último jueves de cada mes”.
Sin embargo, el pleno ordinario de julio no ha sido convocado por la Sra. Herrera, sin justificación alguna.
Cuando mociones presentadas por la oposición municipal para abordar temas de enorme trascendencia para nuestro municipio, como el agua para el campo, el mercado o el nuevo instituto para La Herradura, esperaban el primer pleno ordinario para su debate, el tripartito encabezado por Herrera incumple la normativa legal y suspende el pleno que debería haberse convocado para este jueves.
La incorporación de Ciudadanos al gobierno local, con sus promesas de regeneración democrática y transparencia en la gestión municipal durante la campaña electoral, no ha roto la pauta de la anterior legislatura, donde el gobierno Herrera/Aragón hurtó a la oposición la celebración de la mitad de los plenos ordinarios. Es más, en el último año solo tuvieron lugar cuatro plenos ordinarios, en vez de los 12 que correspondían. Lamentablemente, Ciudadanos ha optado por sumarse a la deriva totalitaria del gobierno Herrera.
“El intento del tripartito de bloquear, saltándose la ley, la labor de la oposición municipal para evitar que se debatan sus iniciativas y mociones, coartando nuestro constitucional derecho de control y fiscalización al gobierno, no va a quedar impune”, advierten los andalucistas, que anuncian que” va tener una firme respuesta y, de persistir en esta actitud, nos veremos obligados a defender nuestros derechos, si es preciso, ante la administración de justicia”.