El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada atendió durante el primer semestre de este año a 219 menores, según las estadísticas de este recurso público que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y al que llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.

A nivel andaluz el número de menores atendidos ascendió a 2.038 personas. Todas las capitales de provincia -además de Algeciras, Jerez y Marbella- cuentan con Puntos de Encuentro, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.

Durante los seis primeros meses de este año, el PEF de Granada tramitó 163 expedientes, 80 de ellos (49,1%) derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer. En Andalucía fueron 1.459 expedientes, 802 (54,9%) de ellos vinculados a la violencia de género. En estos casos, los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.

Asimismo, durante el primer semestre del año de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 57 de ellos se localizaron en la provincia de Granada.

Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.

Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.

Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.