El Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en los medios de transporte públicos desde mañana, 8 de febrero. Se mantiene la obligatoriedad en los centros y servicios sanitarios y en las oficinas de farmacia y botiquines, así como en los centros sociosanitarios tanto para las personas que trabajan en ellos como para los visitantes.

La decisión se adopta en un momento de clara tendencia a la baja en los casos de COVID-19, con el informe favorable de los expertos que forman la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas y tras escuchar el pasado jueves al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Con todo, se aconseja el uso de las mascarillas a las personas que presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a las personas vulnerables. También se recomienda en espacios cerrados y en eventos multitudinarios, así como en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, en función de la vulnerabilidad de los participantes.

El Gobierno ha aprobado también el proyecto de Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz a futuros riesgos de salud pública en España. La Agencia contribuirá a la mejora de la salud y el bienestar de la población con actuaciones de prevención y control de enfermedades, al tiempo que promoverá el conocimiento y el asesoramiento técnico y científico.

De esta manera, el Ejecutivo responde a una demanda tanto de los profesionales de la salud como del conjunto de la ciudadanía. La iniciativa cuenta con un amplio consenso parlamentario, se recoge como una necesidad en la Estrategia de Seguridad Nacional y también figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha encargado una asistencia técnica para mejorar la participación de las administraciones públicas en la gestión de los fondos del PRTR, por valor de 69 millones de euros hasta el año 2027. La adhesión de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos a este instrumento será voluntaria.

Además, ha destinado 400 millones de euros a la participación en un proyecto de apoyo a empresas innovadoras que contribuyan a la autonomía estratégica europea.