La reiterada negativa de la dirección de la empresa de Aguas y Servicios a negociar la actualización del convenio laboral, paralizada desde hace tres años, "y su actitud antisocial frente a las justas reivindicaciones de los trabajadores de la empresa", está llevando a éstos a plantear una serie de movilizaciones que pueden tener consecuencias, finalmente, en el servicio prestado a la ciudadanía y en la calidad del mismo. Por este motivo, desde el grupo de Izquierda Unida (IU) para la Gente en la Junta General se considera necesario que el órgano mancomunal se implique en el conflicto mediando entre las partes para buscar una solución negociada que evite consecuencias negativas en la prestación del servicio.

Izquierda Unida ha dado su apoyo a la posición de los trabajadores al considerar que sus demandas son justas y critica la intransigencia de la empresa, "que no se aviene a negociar", a pesar de que la vigencia del convenio expiró hace tres años provocando "consecuencias indeseables" para la plantilla, como la falta de actualización de sus salarios conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), la revisión de los protocolos de seguridad laboral o las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, y la regularización de las categorías laborales.

Al hilo del conflicto, la formación de izquierdas ha denunciado las deficiencias del servicio que viene prestando en los últimos tiempos en la comarca. Entre otras, ha señalado la falta de mantenimiento de algunas infraestructuras y la merma de efectivos de su plantilla en los últimos años.

Ha sostenido que la empresa abusa de su posición dominante, de la que se aprovecha con el único objetivo de maximizar sus beneficios empresariales, recordando que "Aguas y Servicios goza de unas condiciones únicas e inusuales por su gestión de un servicio público en nuestro país, dado que su riesgo empresarial es cero y sus beneficios son del 20% del gasto bruto de la gestión, más el beneficio industrial y la adjudicación de todas las obras llevadas a cabo en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios".

Para IU, resulta inadmisible que la empresa esté obteniendo importantes beneficios con la gestión de un servicio público esencial sin respetar los derechos esenciales de sus trabajadores y sin prestar adecuadamente el servicio que tiene encomendado. Por ello, ha reclamado al presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, la implicación del ente mancomunal en la mediación del conflicto.

"Nos encontramos ante un ejemplo de libro de lo que puede considerarse codicia empresarial y un modelo anacrónico de relaciones laborales ajeno al diálogo y el entendimiento con la representación de los trabajadores", ha declarado el representante de IU para la Gente en la Junta General, Francisco Fernández.

Fernández ha reafirmado el compromiso de su formación con el modelo de gestión pública de los servicios municipales y mancomunados, recordando que la privatización del servicio se produjo con la connivencia del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE), que convirtieron un servicio público en un suculento negocio para una empresa privada "en una actuación, cuando menos, poco transparente".

"No renunciamos a revertir esta situación", ha manifestado, "y nuestra formación no va a dejar de luchar para que la gestión del servicio retorne al ámbito público en el medio plazo", ha enfatizado, por último, el vocal de Izquierda Unida para la Gente en la Mancomunidad de Municipios.