El Partido Popular (PP) de Granada ha pedido al Gobierno de España que no aplique las medidas para la distribución y las prescripciones de antibióticos en las clínicas veterinarias adoptadas para controlar el uso de antibióticos en los animales. "No es razonable que los veterinarios deban adaptar los procedimientos para la atención a los animales de compañía de un día para otro”, ha denunciado la diputada Lourdes Ramírez, que ha mantenido un encuentro con el presidente y miembros del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, acompañada por el senador Joaquín Camacho.

“El Real Decreto 666/2023 de 28 de julio está perjudicando a los veterinarios granadinos, al hacer prácticamente imposible cumplir con la normativa sin dañar la calidad del servicio sanitario que se presta a las mascotas", ha afirmado.

Como ejemplo, ha explicado que “la ley obliga a los veterinarios a realizar pruebas antes de recetar un antibiótico aunque el veterinario tenga perfectamente claro el medicamento que debe aplicar”. “La espera de los resultados de los cultivos provoca un importante retraso del tratamiento que en infecciones graves puede terminar con la muerte del animal”, ha señalado Ramírez.

Asimismo, la diputada ha advertido de que "se ha producido un incremento desproporcionado de la burocracia para la administración de tratamientos, un aumento de la presión administrativa y que los veterinarios dediquen más tiempo a meter los datos en el ordenador que atender la salud de los animales”.

Por su parte, el senador Joaquín Camacho ha asegurado que “los representantes de los veterinarios nos han transmitido la nula capacidad de diálogo del Gobierno con el sector". El representante popular ha exigido al Ejecutivo “que escuche a los profesionales y adapte la regulación con sentido común y no imponiendo como acostumbra a hacer”.

"Desde el PP apoyamos las reivindicaciones que nos trasladan los veterinarios de Granada para canalizarlas a través del Parlamento andaluz, el Congreso y el Senado". Así, ha reclamado al ministro de Agricultura que “derogue este Real Decreto, confíe en la profesionalidad y dedicación de los veterinarios, y priorice el criterio clínico y la salud de las mascotas”.

“El Gobierno debe reconsiderar esta ley para garantizar que los veterinarios puedan ejercer su labor con plena autonomía y que se mantenga el acceso adecuado a los tratamientos en beneficio de la salud pública y el bienestar animal”, ha concluido.