Radio Salobreña


Salobreña ha empezado la semana celebrando un pleno extraordinario y urgente con dos puntos en el orden del día que se han debatido conjuntamente relativos a un expediente extrajudicial de crédito para hacer frente a unos 352.000 euros y así atender las obligaciones con proveedores de servicios que se han realizado, pero que no contaban en su momento con dotación presupuestaria. El alcalde, Javier Ortega, ha justificado la urgencia dada la necesidad de cobro por parte de los proveedores, lo cual ha contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox que se ha abstenido.

En el fondo del asunto, la edil de Economía y Hacienda, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha explicado que este pleno es el último procedimiento para atender este expediente que ya implicó una serie de modificaciones presupuestarias que se llevaron a pleno el 3 de octubre y que una vez expuestas públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia se tiene que dotar de crédito a esas partidas. Ha reiterado que se trata de “transferencias de crédito de unas partidas donde había fondos sin gastar, a otras que estaban agotadas”, por lo que la mayoría de las cantidades cuentan con respaldo presupuestario, solo 26.969,48 euros han tenido que atenderse sin consignación anterior.

Hacer frente ahora a estas obligaciones de pago ha venido acarreando una serie de reparos del negociado de Intervención, que el pleno ha tenido que levantar para poder ejecutar el pago en los próximos días.

En esto ha ahondado el portavoz de Más Costa Tropical, Pedro Ruiz de la Rica, quien ha manifestado su voto favorable “para que los proveedores puedan cobrar”, pero ha señalado la falta de procedimiento a la hora de contratar estos servicios y ha reivindicado que la falta de presupuesto municipal para el ejercicio de 2025 ha provocado esta situación. “Con un presupuesto en vigor estas cosas no ocurren”, ha señalado, y ha criticado que la celebración de este pleno “muestra que no se está gestionando bien”.

En la misma línea, el portavoz del PP, Juan de Dios Márquez Moya, ha insistido en que el problema es la falta de presupuesto, “que es imprescindible como esta convocatoria de pleno está demostrando”. El popular ha dicho que “se encarga un trabajo sin tener crédito, y tampoco hay expedientes ni documentación”, por lo que ha pedido a los órganos gestores de las áreas políticas que haya expedientes que respalden las contrataciones, y ha anunciado la abstención de su grupo “para no perjudicar a los proveedores”.

En la réplica, Rodríguez Callejón ha insistido en la figura de la transferencia de créditos de unas partidas a otras, ya que “si no hubiera habido crédito disponible, no se hubiera podido hacer hasta otro ejercicio contable”. Dicho esto, ha comentado que hay que trabajar para dotar de crédito suficiente esas partidas que “se quedan cortas”, y ha anunciado que se está trabajando en su corrección ahora durante la elaboración del borrador de presupuesto para 2026.

Quien ha cerrado el debate ha sido Javier Ortega, que primero ha agradecido el apoyo mayoritario a la urgencia del pleno y ha recordado que actualmente se trabaja con un presupuesto prorrogado de 2024, “que tiene una realidad económica muy parecida a la de este 2025”, por lo que “no hay un gran desajuste”, y ha remarcado que desde 2023 se han regularizado la mayoría de contratos municipales.

El alcalde se ha parado un poco más en criticar que la oposición reclame un presupuesto que “resuelva este problema”, mientras “bloquea” la posibilidad de ajustar la tasa de recogida de basura. Hace unas semanas, el gobierno municipal intentó llevar a pleno una actualización de esta tasa por imposición europea, encontrando el rechazo en la comisión informativa de los grupos de la oposición y generó discrepancias entre algunas fuerzas que conforman el equipo de gobierno. Para Ortega, este rechazo va a llevar al Ayuntamiento a una situación financiera “muy complicada de cara a 2026”, ya que no ajustar la presión fiscal “al no haber acuerdo”, puede comprometer la financiación futura del consistorio, ya que no podría optar, por ejemplo, a nuevos fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística, que en los últimos años han supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, y ha advertido de posibles sanciones por no cumplir con la regulación europea respecto a la actualización, con la posibilidad incluso de detracción de la Participación de los Impuestos del Estado, “que posiblemente no se puedan cobrar”.

Ha dicho que la ciudadanía tiene que conocer la verdad de la situación “a la que se está llevando a la institución por demagogia”, y ha añadido que la responsabilidad es de “todos los que estamos aquí”. Ortega ha lamentado que durante diez años no se haya actualizado la tasa, hecho que ha derivado en la propuesta que realizó el gobierno municipal. “La ciudadanía tiene que saber las consecuencias de no tomar a tiempo estas decisiones, que vienen impuestas de Europa. Esto va a derivar en una situación financiera muy complicada para 2026 que puede poner en riesgo los servicios más básicos y elementales”.

El expediente extrajudicial de crédito, así como el levantamiento del reparo, han salido adelante con los votos favorables de los grupos del gobierno municipal y Más Costa Tropical, y la abstención del PP y Vox.