Hoy lunes, 11 de mayo, se han celebrado las pruebas periciales y testificales dentro del contencioso-administrativo interpuesto contra la Junta de Andalucía por la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical en defensa de la pesca recreativa y de autoconsumo en Punta de la Mona (Almuñécar).

La entidad ha explicado que la vista ha transcurrido con total normalidad y ahora toda la provincia de Granada, y, especialmente, toda la Costa Tropical, estará muy pendiente del fallo y de la sentencia que emita el magistrado.

Se trata de cerca de 25.000 pescadores recreativos y de autoconsumo en la provincia de Granada, según datos facilitados por la propia Junta de Andalucía por personas físicas, y de casi 2.000 pescadores directamente afectados en Almuñécar y La Herradura por la prohibición impuesta en Punta de la Mona.

Además, este procedimiento judicial no solo afecta a los pescadores de Granada, sino que puede sentar un precedente muy importante para toda España. Lo que ocurra en esta Zona Especial de Conservación preocupa enormemente al colectivo pesquero nacional, ya que podría repetirse la misma situación en otras Zonas Especiales de Conservación (ZEC) tanto de la costa de Granada como del resto del litoral español.

"Creemos que no es justo que se utilicen figuras de protección ambiental para imponer prohibiciones totales sin una regulación equilibrada, sin consenso y sin estudios concluyentes específicos sobre la pesca recreativa y de autoconsumo".

Así las cosas, desde la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical "esperamos que el fallo sea favorable y que lo que no han sabido resolver políticamente desde la Junta de Andalucía pueda resolverse finalmente en los tribunales".

En este sentido, ha afirmado que "es una auténtica pena que los pescadores hayamos tenido que defendernos solos, sufragando con nuestro dinero la defensa de nuestros derechos y de nuestras tradiciones, cuando entendemos que deberían haber sido los responsables políticos elegidos por los ciudadanos quienes hubieran buscado desde el primer momento una solución justa y dialogada".

Desde el inicio de este conflicto siempre hemos intentado mediar y encontrar una solución política razonable, basada en la regulación y no en la prohibición total. Una solución que únicamente requería voluntad política y que dependía directamente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular.

No les ha bastado con prohibir desde el pasado 7 de enero de 2025, sino que además, ante nuestro desacuerdo y nuestra oposición, han obligado a miles de pescadores a acudir a los tribunales y afrontar importantes gastos económicos para defender nuestros derechos y nuestras formas de vida.

Durante todo este proceso hemos aportado informes jurídicos y científicos que cuestionan la proporcionalidad y la justificación de la prohibición total. Incluso el propio *Instituto Español de Oceanografía* ha reconocido que no dispone de datos suficientes sobre pesca recreativa y de autoconsumo en Punta de la Mona, algo especialmente relevante tratándose del principal organismo científico especializado en el estudio de nuestros mares.

Siempre hemos defendido que lo razonable era abrir una vía de regulación justa, equilibrada y sostenible, compatible con la conservación del medio marino y con la pesca recreativa tradicional.

Creemos sinceramente que la Junta de Andalucía y el *Partido Popular* deberían haber tomado las medidas necesarias para evitar llegar a esta situación judicial.

Hoy, más que nunca, esperamos un fallo favorable y confiamos en que el tiempo termine dándonos la razón.