Gádor Domínguez cuestiona la desestimación por el Gobierno local de las alegaciones del PSOE ante el cambio del escudo de la ciudad
Cuestiona las dudas históricas y documentales planteadas, así como la falta de rigor histórico de la decisión, y exige conocer cuánto costará a los motrileños la modificación de la imagen corporativa municipal
La portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Socialista (PSOE) de Motril, Gádor Domínguez, ha lamentado que el Gobierno municipal haya desestimado las alegaciones presentadas por el PSOE al expediente del escudo de Motril y siga adelante con su modificación, pese a las dudas históricas y documentales planteadas.
Domínguez ha señalado que las alegaciones socialistas, fundamentadas en las observaciones del cronista oficial de Motril Manuel Domínguez García, reclamaban mayor rigor histórico en elementos como el castillo, la corona real y la leyenda del escudo, además de un estudio científico que permita esclarecer las posibles alteraciones históricas.
"Nos preocupa que el Gobierno municipal descarte estas aportaciones sin resolver las dudas existentes sobre la evolución histórica de nuestro escudo. Estamos hablando de un símbolo que pertenece a todos los motrileños y motrileñas, y que merece el máximo respeto, rigor y consenso", ha afirmado.
También ha cuestionado que se mantenga adelante este procedimiento sin explicar con claridad sus consecuencias económicas. En este sentido, ha exigido al Ayuntamiento que informe sobre el coste total que supondrá la modificación de la imagen corporativa municipal, incluyendo la adaptación de documentos, señalización, publicaciones y demás elementos institucionales.
"¿Cuánto va a costar al bolsillo de los motrileños y motrileñas todo este cambio de imagen corporativa? El Gobierno municipal tiene la obligación de explicar qué gasto supondrá esta decisión y si realmente es una prioridad para nuestra ciudad", ha subrayado.
El Grupo Municipal Socialista defiende que cualquier actualización de los símbolos municipales debe estar respaldada por estudios rigurosos, transparencia y consenso, evitando decisiones que puedan suponer un gasto innecesario de recursos públicos y que no cuenten con el suficiente respaldo histórico.
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