La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha mantenido esta mañana dos encuentros institucionales, con la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mª Inmaculada López Calahorro, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, en los que han hecho llegar a ambos representantes públicos las principales demandas de la Abogacía granadina.

La primera de las reuniones ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno, donde el decano de la Corporación profesional, Leandro Cabrera -acompañado por el vicedecano, Antonio Mir; el secretario, Guillermo Padilla; y la letrada Nieves Carrillo, en representación del Grupo de Extranjería del Colegio- ha expuesto las propuestas de mejora del colectivo para el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril, de modo que puedan implementarse antes de que el proyecto sea culminado, haciendo pública al mismo tiempo la satisfacción del Colegio por la próxima puesta en funcionamiento de la nueva instalación, pues supondrá una mejora significativa respecto a las condiciones del campamento temporal en el que se ha estado desarrollando el servicio de asistencia jurídica letrada en los últimos años, y agradeciendo a Subdelegación el compromiso y disponibilidad mostrada para llevar a cabo estas reivindicaciones.

En concreto, la comitiva colegial ha solicitado a López Calahorro la creación de un espacio habilitado para la asistencia letrada con, al menos, dos despachos donde poder llevar a cabo el derecho a la tutela judicial efectiva, preservando la intimidad de los migrantes. “En la actualidad, la asistencia se realiza en presencia de diferentes personas, sin ningún tipo de privacidad, en una sala multiusos, lo que limita el ejercicio del derecho a la asistencia y la posibilidad de discriminar situaciones que deban ser dignas de especial vulnerabilidad o exclusión”, han explicado los representantes del colectivo profesional durante el encuentro, en el que también han estado presentes Juan Manuel Puerta, jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración; Nuria Bueno, jefa de la Oficina de Extranjeros; Bernardo Carmona, abogado jefe de la Abogacía del Estado en Granada; María Pilar González, secretaria general; Miguel Ángel Reina, el teniente coronel de la Guardia Civil; y Jorge Infantes Guerrero, comisario jefe provincial de la Policía Nacional.
Asimismo, la comitiva colegial también se ha referido a la necesidad de disponer de mayor tiempo para realizar la entrevista al migrante y valorar su situación, por lo que ha pedido a Subdelegación su colaboración en este tema. Junto a esto, la Abogacía granadina también ha traslado otras medidas relacionadas con el mejor funcionamiento del CATE y, en especial, con la asistencia letrada, como el aumento del número de traductores, que se vele por el cumplimiento de unas mínimas condiciones higiénico sanitarias, que se permita la posibilidad de que los extranjeros hagan constar su voluntad de pedir asilo y facilitar un acceso ágil a los expedientes administrativos de los menores. “Nuestra intención es poder disponer de los medios necesarios para que pueda prestarse un servicio digno y de calidad, como merecen los inmigrantes y corresponde a un Estado de Derecho”, ha afirmado Cabrera.

Tras esta reunión de trabajo, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados ha visitado la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada, donde el decano, el vicedecano y el secretario han compartido con el máximo representante del Ejecutivo andaluz, Pablo García, los temas de competencia autonómica que preocupan a la Abogacía granadina. Así, los letrados han abordado las retribuciones del Turno de Oficio y la necesidad de establecer un calendario de pago que garantice la puntualidad de los abonos de Justicia Gratuita a los abogados granadinos.

La unificación de las sedes judiciales ha sido otro de los asuntos tratados durante el encuentro, en el que García ha destallado los planes previstos por el Gobierno andaluz para reorganizar las instalaciones manteniendo el eje Plaza Nueva-La Caleta: ubicar Fiscalía en el Banco de España; aglutinar a la Audiencia Provincial en el edificio de Plaza Nueva; mantener el TSJA en la Real Chancillería; y trasladar todos los juzgados a La Caleta. Además, García ha adelantado a los miembros de la Corporación profesional que la Delegación de Justicia se situará en la Avenida de Madrid, de modo que continúe en la zona de trabajo de los distintos actores judiciales