La Junta de Andalucía ha frenado en los meses de junio y julio la construcción de trescientas parcelas y edificaciones ilegales. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha expuesto en el pleno del Parlamento cómo el incremento de la labor inspectora “está dando abundantes frutos”, sobre todo en medidas preventivas como los precintos, que buscan impedir la continuación de las obras y así evitar daños al territorio y procesos más dolosos como las demoliciones y derribos.

“No hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales sobre suelo rústico que reaccionar con agilidad y paralizar la infracción en el primer momento de su comisión”, ha manifestado indicando que el Plan General de Inspección para el periodo 2023-2026 pone el foco precisamente en la prevención, dando más importancia a las medidas cautelares y el acto de precinto.

Díaz ha relatado que fruto del trabajo de la inspección autonómica, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se han conseguido precintar trescientas parcelas y edificaciones ilegales situadas en los municipios de La Rambla (en Córdoba), La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda (en Cádiz), Brenes (en Sevilla) y Palos de la Frontera y Bonares (en Huelva).

Además, ha avanzado que en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras cien edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba, de los que no se ha aventurado a dar más detalles para garantizar el buen fin de los operativos. Además, se han llevado a cabo labores de reprecinto en ciento ochenta y cuatro parcelas y edificaciones precintadas en operativos anteriores, a fin de comprobar su cumplimiento en San Roque y Vejer de la Frontera. En esta línea, Rocío Díaz ha agradecido el “refuerzo de la colaboración” en estos operativos del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

Ha destacado, igualmente, el giro que se ha dado a la labor inspectora gracias a los cambios legislativos promovidos por la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que “por primera vez atribuye competencia directa a la comunidad autónoma para reaccionar ante infracciones cuya incidencia trascienda el ámbito municipal”. “El objetivo es que nadie se salte la ley y nadie construya donde no puede hacerlo”, ha incidido.

Al respecto, ha comparado los trescientos precintos realizados en apenas dos meses con “casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a treinta y ocho parcelas”.

Por último, la consejera ha indicado que en lo que va de año se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de cuatrocientas edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado cuatrocientas cincuenta actas en visitas de inspección al territorio.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha incrementado la labor inspectora consciente de que el urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, que van desde la contaminación y agotamiento de los acuíferos hasta problemas de seguridad y salubridad provocados por la falta de acceso a servicios de emergencia o incendios provocados por la mala calidad de los elementos constructivos.

Consecuencias de saltarse los precintos

El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros.

Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros.

De otro lado, el incumplimiento de las órdenes de suspensión puede agravar las consecuencias penales de la actuación, puesto que la rotura del precinto y la continuación de las obras puede ser constitutiva de un delito de desobediencia que, en concurso con el delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo cometido por construir ilegalmente en suelo rústico, puede acarrear penas de cárcel para sus autores.