El Ayuntamiento de Almuñécar ha decidido dar un paso al frente y estudiar la vía legal para frenar la imposición del "tasazo" de basuras decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha calificado esta medida como "un abuso injusto, que daña los intereses de las familias y las pequeñas empresas del municipio". Esta tasa, recogida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a todos los ayuntamientos a imponer una tarifa para la gestión de residuos, sin excepciones.

"Desde el Ayuntamiento de Almuñécar consideramos que esta imposición va más allá de lo razonable y representa una agresión directa contra la autonomía municipal y el bienestar de nuestros vecinos", ha afirmado Ruiz Joya, que ha indicado que "estamos valorando seriamente llevar esta cuestión a los tribunales porque creemos que es nuestra obligación defender a los ciudadanos de una medida arbitraria y desproporcionada",

El primer edil sexitano ha sido tajante afirmando que "no podemos permitir que el Gobierno central utilice a los ayuntamientos como meros recaudadores, cargando a nuestras familias con un impuesto más en un momento crítico de crisis económica".

Desde el Ayuntamiento de Almuñécar consideran que "la nueva tasa ignora las necesidades y la realidad del municipio. Además, impone un modelo de financiación único que obliga a repercutir los costes directamente en la economía de las familias, quienes ya enfrentan la subida de precios en servicios esenciales".

Para Ruiz Joya, esta ley, "lejos de ser justa, es un ataque directo a la capacidad de los municipios para gestionar sus recursos y una muestra más de la desconexión del Gobierno central con la realidad de nuestros pueblos".

El regidor sexitano ha asegurado que el Consistorio sexitano "tiene la solvencia suficiente para mantener un servicio de calidad sin necesidad de esta tasa. No solo rechazamos este impuesto, sino que estamos dispuestos a ir a los tribunales para frenar esta medida que consideramos inconstitucional y lesiva para nuestros vecinos".

En conclusión, ha advertido de que no se quedará de brazos cruzados ante "este intento de centralizar y controlar la gestión local. Vamos a luchar en todos los frentes, incluyendo el judicial, para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y garantizar que sigan siendo ellos, y no Madrid, quienes decidan cómo gestionamos nuestros recursos".

Así, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la unidad de los vecinos y de otros municipios para frenar este "tasazo" y seguirá explorando todas las opciones legales para garantizar que los derechos de la comunidad sean respetados.