La provincia de Granada registró cuarenta y cinco agresiones físicas y ciento cuarenta y nueve no físicas en el año 2024, según ha presentado hoy, 6 de febrero, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Estos datos reflejan un aumento de las agresiones registradas el año pasado del 19%, lo que se interpreta con una mayor sensibilización y conocimiento del propio Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, además del papel clave del profesional guía, que acompaña a la persona agredida desde el momento de la agresión. En el análisis planteado a las organizaciones sindicales en esta mesa de trabajo, se han tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial.

Por provincias, Almería registró veinte agresiones físicas y ciento cuarenta y una no físicas; Cádiz sesenta y una físicas (doscientas ochenta y dos no físicas); Córdoba, treinta y seis físicas (ciento veintiséis no físicas); Huelva, seis físicas (sesenta no físicas); Jaén, veinticuatro físicas (ciento veinte no físicas); Málaga, sesenta y nueve físicas (doscientas cuarenta y nueve no físicas), y Sevilla, ciento una físicas (trescientas setenta y ocho no físicas).

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de trescientas sesenta y dos agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Cabe destacar que, siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión; no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.

Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Medidas preventivas

Junto a la importante apuesta por la formación y la capacitación, también es importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se está implementando en los centros sanitarios públicos andaluces.

Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad. En concreto, en Granada se produjeron quince sentencias condenatorias, ocho atentados y cuarenta asistencias letradas.

El Plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. Hay que señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los doce meses y los tres años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado ciento noventa y siete asistencias, logrando noventa y cuatro sentencias condenatorias, treinta y cuatro de ellas tipificadas como delito de atentado.

Todas estas acciones y otras muchas que se incluyen en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se realizan siempre bajo una estrecha colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones de Salud y Consumo, Servicios Centrales del SAS y Consejería de Salud y Consumo, facilitando información continua a las organizaciones sindicales.

Para revertir estos datos y en su apuesta por la desescalada de las situaciones de violencia, el SAS refuerza su oferta formativa. Los profesionales tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de Prevención de Agresiones. Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias.

Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la ya citada creación de la figura del 'profesional guía' que, además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física no esté sola momentos después de sufrirla; la atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

También se está trabajando en el proyecto de decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes.

Actualmente se está procediendo a la elaboración del informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.