La Junta garantiza asistencia jurídica gratuita a 10.692 granadinos en el primer semestre del año. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública valora y remunera esta labor, que garantiza asistencia letrada a quienes no cuentan con recursos económicos y protege, especialmente, a colectivos vulnerables -mujeres, menores y personas con discapacidad- en situaciones de abuso o maltrato.

En total, 64.116 andaluces han accedido en el primer semestre del año a la justicia gratuita, lo que supone más del 71% de las solicitudes que se recibieron. Entre enero y junio, se reconoció el derecho a un profesional de oficio a 64.116 andaluces. Cádiz fue la provincia con más beneficiarios (14.858), seguida de Granada y Málaga (10.692 y 10.095, respectivamente). En Almería se reconoció este derecho a 7.696 personas, en Sevilla a 6.451, en Córdoba a 5.617, en Huelva a 4.365 y en Jaén a 4.345.

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más; también, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.

La mayoría de las solicitudes aceptadas fueron para asesorar a personas ante procedimientos penales (37.396) pero también asuntos civiles (19.306) y contencioso administrativos (7.417).

En 11.066 casos las peticiones fueron denegadas porque los solicitantes no cumplían los requisitos, en 3.797 las comisiones de justicia gratuita emitieron un informe indicando que la pretensión era insostenible, otras 3.706 solicitudes fueron impugnadas, en 4.346 casos se archivó la petición y hay 3.109 resoluciones de solicitudes de las que no consta información en los archivos.

Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. En la web de la Consejería de Justicia pueden descargarse los formularios que hay que presentar, además de acceder a información sobre la documentación requerida y calcular, a través de un simulador, si se puede ser beneficiario de este derecho (https://lajunta.es/4yefe).

En Andalucía hay más de 8.800 profesionales de la Abogacía y la Procura adscritos al turno de oficio (más de la mitad prestan servicio en el turno especializado de violencia de género), garantizando así el acceso de toda la ciudadanía al derecho a la justicia, independientemente de sus circunstancias económicas y sociales.

Servicios ya abonados a los colegios

La Consejería de Justicia compensa económicamente esta labor. Los profesionales que prestan el servicio de justicia gratuita deben certificar sus actuaciones de forma trimestral. Una vez finalizado el trimestre, disponen de un plazo de un mes para que sus respectivos colegios profesionales presenten a la Junta las certificaciones correspondientes. Tras recibir esta documentación, la Consejería de Justicia realiza el pago a través de los colegios, en función de las asistencias efectivamente prestadas por sus colegiados.

A día de hoy, la Junta ya ha abonado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) los servicios realizados por los profesionales entre enero y junio. En este sentido, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor el “esfuerzo de este Gobierno por mejorar progresivamente las condiciones de los profesionales de oficio, agilizando el pago de sus retribuciones y actualizando las cuantías que reciben, congeladas desde 2009”.

Así, ha recordado que Andalucía fue pionera al incluir la mediación civil y mercantil en el sistema de justicia gratuita, “antes de que la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia estableciera la obligatoriedad de acudir a medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito previo a interponer una demanda civil o mercantil”. Desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para contar con un profesional de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación y los letrados son recompensados con hasta 400 euros en caso de alcanzar un acuerdo que evite un juicio.

Recientemente se ha actualizado la orden de módulos y bases que regula las retribuciones del sistema de justicia gratuita para abonarles su trabajo, aunque no logren acuerdo. En concreto, en la Comisión Mixta entre la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) se ha acordado pagar 75 euros si el acuerdo se intenta a través de la mediación o la conciliación y 25 euros si se opta por otro medio alternativo previsto en la ley, como la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo.

Además, se ha incorporado también la mediación para asuntos penales en la justicia gratuita. El profesional de oficio que logre un acuerdo o conformidad recibirá el módulo retributivo íntegro que cobraría por el procedimiento judicial correspondiente. Andalucía cuenta, desde mayo de 2024, con un Servicio público de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA) que ya ha logrado evitar más de 2.000. Ahora, los letrados podrán acudir a este servicio para alcanzar un acuerdo y percibirán la misma cantidad que si hubieran ido a un juicio, con la diferencia de que en el SEMPA los asuntos se resuelven en un plazo medio de un mes, mientras en los juzgados pueden ser meses o incluso años.

“Esto sitúa a Andalucía en el tercer puesto de las comunidades que más pagan por acudir a los MASC”, ha destacado el consejero.

También desde el año pasado la Junta abona a los profesionales de oficio la representación de las personas jurídicas o el trabajo que realicen a requerimiento judicial, de forma que son compensados por los trámites realizados, aunque luego la persona asistida no cumpla los requisitos para ser beneficiaria del derecho a la justicia gratuita y su solicitud sea denegada.