“No es el aumentos de los costes lo que frena la construcción de VPO, es la falta de voluntad de la alcaldesa para gestionar el suelo que hay disponible �
En Motril, el Gobierno municipal del PP ha convertido en estrategia una práctica política demasiado conocida, un truco político bastante viejo: vender como “política de vivienda� lo que, en realidad es simplemente “propaganda institucional�. Primero llega la exposición en los medios de comunicación con la maqueta. Después, el discurso solemne sobre el futuro y, a continuación, la foto oficial. Todo ello, demasiadas veces, sin una sola certeza sobre la mesa: ni obras en marcha, ni calendario definido, ni precios claro, ni criterios transparentes.
Mientras la propaganda avanza, llegamos al día de hoy con casi 2.000 viviendas de VPO anunciadas y prometidas por la Señora García Chamorro, como quien reparte esperanza a plazos, y casi 1.000 familias inscritas en el correspondiente registro municipal siguen sin saber a qué atenerse. Ni fechas, ni condiciones, ni certezas. Mucha propaganda; ningún ladrillo, cero construido.
Ese es el problema de fondo. En Motril no se está gestionando la vivienda como un derecho, sino como un eslogan. Cuando un derecho se convierte en eslogan, deja de servir a la ciudadanía y empieza a servir al marketing y a otros intereses más oscuros. La diferencia no es menor. Una política de vivienda existe para garantizar que la gente pueda vivir dignamente.
Hay una realidad que duele: se están promoviendo una gran mayoría de viviendas que mucha gente no puede pagar, orientadas más al cambio residencial de clases medias acomodadas y a la demanda de alto standing, local y foránea, que a las necesidades reales de la población de Motril. Eso no es gestionar una ciudad; eso es administrar una exclusión con folletos a color.
Se nos repite que si sube la oferta bajan los precios. Como si la vivienda fuera una estantería de yogures y no el principal factor de angustia económica de miles de familias. Como si construir mucho, sin preguntarse para quién, para qué renta y bajo qué condiciones, bastara para resolver algo. La teoría suena estupenda en un seminario neoliberal de sobremesa; en la vida real produce barrios que brillan en las infografías y expulsan en silencio a los vecinos de siempre. Porque el problema no es solo cuántas viviendas se hacen, sino quién puede pagarlas. Y cuando la respuesta es “cada vez menos vecinos y vecinas de Motril�, lo que está fallando no es el mercado: está fallando la política.
Motril ofrece además una radiografía social que desmonta cualquier discurso complaciente. El 80% de los demandantes de VPO, 717 personas, se sitúa entre 0 y 1,50 veces el IPREM. Traducido del lenguaje administrativo al idioma de la calle: hablamos de vecinos con una capacidad muy limitada para comprar o alquilar a precios de mercado. Es decir, la mayoría de quienes necesitan una respuesta pública no están esperando un piso “interesante�, ni una oportunidad “razonable�, ni una promoción “competitiva�. Están esperando algo mucho más modesto y mucho más revolucionario en estos tiempos: una vivienda digna que no los arruine.
Aquí conviene detenerse en una distinción que algunos rehúyen porque les estropea la pancarta: no es lo mismo vivienda de promoción pública (VPP) que vivienda de protección oficial (VPO). La primera debe atender a quienes están en una situación de vulnerabilidad severa y exige intervención pública directa, incluso asumiendo que son programas que no cubren costes. La segunda debe dirigirse a jóvenes, familias trabajadoras, autónomos, gente que sostiene la ciudad y que no debería dejar medio sueldo en pagar un techo. Ambas hacen falta. Pero hace falta especialmente un parque amplio de alquiler asequible, porque, por fortuna, hay más trabajadores y trabajadoras con dificultades para pagar la vivienda que familias en exclusión extrema. Ese matiz separa la política seria del oportunismo inmobiliario.
Por eso resulta tan irritante la puesta en escena del Ayuntamiento gobernando por el PP: promete miles de VPO, pero no despeja la pregunta decisiva ¿Cuánto van a costar? Porque una VPO que una familia trabajadora no puede pagar es como un salvavidas de mármol: muy vistoso, muy institucional y perfectamente inútil. El problema no es solo la ausencia de obra visible o de planificación transparente; el problema es la sospecha creciente de que todo se reduzca a eso, a una representación. A convertir la necesidad en propaganda y la incertidumbre en estrategia electoral. Lo decía con acierto uno de los documentos: hay una “parálisis absoluta� y una “falta de transparencia� respecto a esas viviendas prometidas. Y, mientras, el Gobierno local de Luisa García Chamorro parece más interesado en la foto que en la solución. En política, cuando la imagen pesa más que el expediente, el vecino siempre acaba pagando la diferencia.
Y no, esto no va de demonizar toda promoción privada ni de vender milagros públicos a corto plazo. De hecho, uno de los argumentos más sensatos de los textos es precisamente ese: quien prometa resolver el problema de la vivienda en pocos años está engañando. Construir, comprar, movilizar, rehabilitar y gestionar un parque de vivienda social y asequible lleva tiempo. Mucho tiempo. Pero una cosa es decir la verdad y otra muy distinta usar la dificultad como coartada para no hacer nada o para hacer solo aquello que encaja con el mercado. La honestidad política consiste en admitir que no hay soluciones instantáneas y, aun así, empezar ya a construir una infraestructura permanente de vivienda asequible. No una campaña. No una maqueta. No una foto con cielo azul imposible.
La construcción de VPO debería apoyarse en una idea tan simple como subversiva: desmercantilizar una parte relevante de la vivienda para que vivir en tu ciudad no sea un privilegio hereditario. Los documentos plantean una brújula clara con la regla de los tres 30: un 30% de vivienda fuera de mercado, destinada a que la gente no dedique más del 30% de sus ingresos y a precios al menos un 30% por debajo del mercado. Eso sí sería una política pública a la altura del problema. Eso sí sería tomarse en serio el derecho constitucional a la vivienda. Lo otro —seguir fiándolo todo al mercado mientras se usa la palabra “VPO� como si fuera agua bendita— es un fraude semántico con consecuencias muy materiales.
Porque la libertad, se nos dice tantas veces, consiste en elegir. Es verdad. Pero elegir entre alquileres imposibles, hipotecas inalcanzables y promesas municipales sin fecha no es libertad: es resignación.
Libertad sería que un joven pudiera independizarse sin marcharse. Libertad sería que una familia trabajadora no tuviera que elegir entre pagar la renta o llenar la nevera. Libertad sería que Motril no se pareciera cada día más a una ciudad pensada para quien llega con dinero y cada vez menos a una ciudad habitable para quien la sostiene. Los vecinos y vecinas no necesitan más discursos sobre el dinamismo del mercado. Necesitan llaves, reglas claras, precios accesibles y gobiernos que distingan una política pública de una campaña publicitaria. Todo lo demás son maquetas. Y con las maquetas, por ahora, no vive nadie.