El área de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada, junto a la Fundación de Solidaridad Amaranta, pone en marcha un servicio de apoyo para la atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer acompañamiento a profesionales de centros y servicios en municipios de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes, para la asistencia y atención de mujeres víctimas de trata o explotación sexual.

La diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, ha explicado que la trata de seres humanos supone una profunda violación de los derechos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas.

“Este atentado contra los derechos de las personas ha adquirido enormes dimensiones, siendo la trata con fines de explotación sexual una de sus expresiones más crueles y denigrantes, y la forma de trata de mayor magnitud en nuestro país”, ha apuntado. En este caso, las mujeres y niñas suponen la mayor parte de las víctimas “por lo tanto, resulta fundamental tratar el problema poniendo el foco en el género y la vulnerabilidad para mejorar la identificación y asistencia a las víctimas”.

El propósito de este servicio es “derribar las barreras que impiden a las víctimas de trata y explotación sexual ejercer sus derechos” y, para ello, se facilitará el acceso a la información y “la derivación a los recursos especializados de atención social, psicológica y jurídica”.

Para la diputada, cualquier medida tomada debe garantizar el ejercicio de los derechos de la víctima por encima de cualquier otra pretensión, “para asegurar el cumplimiento de este objetivo es necesario optimizar los recursos para garantizar la atención especializada, así como promover la coordinación institucional que mejore la información, asistencia y protección”.

Para ello, la Diputación cuenta con la colaboración de la Fundación de Solidaridad Amaranta, que durante años “ha acompañado a mujeres en situación de prostitución y a víctimas de trata de seres humanos”, una posición que les ha permitido detectar y conocer de primera mano los retos de estas situaciones sociales, y “poner en marcha buenas prácticas y respaldar el trabajo de profesionales que se encuentran en pequeños municipios, ofreciéndoles apoyo y rompiendo el aislamiento”, ha señalado Garzón.

La diputada se ha referido a varios informes realizados sobre la trata de personas. En concreto, ha destacado el publicado por la Organización de Naciones Unidas de 2018, según el cual, por cada 10 víctimas, 7 son mujeres adultas o jóvenes adolescentes, al margen de las niñas, que se incluyen en el dato como menores.

El mismo informe apunta que un hallazgo preocupante es que se ha registrado un aumento del 30% de niños y niñas en la proporción de víctimas de trata identificadas. En el caso de los niños, son captados con fines de explotación para trabajo forzoso y en el caso de las niñas, con fines de explotación sexual.

En este sentido, la diputada ha resaltado que la prostitución es “el principal destino de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual en nuestro país”, siendo los contextos de prostitución y las actividades relacionadas con el comercio sexual el ámbito en el que se realiza la detección.

Por tanto, es necesario establecer “instrucciones claras acerca de cómo actuar con las posibles víctimas de trata para garantizar la protección de sus derechos y su acceso a los recursos de atención especializados”, ha concluido Garzón.
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