Comisiones Obreras (CC.OO.) de Granada ha informado de que la huelga indefinida del personal funcionario de Justicia por el reconocimiento de sus funciones. Conocido por el comité de huelga estatal (CC.OO., CSIF, STAJ y UGT) el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el comité de huelga ha manifestado que desde el 24 de enero de este año, el Ejecutivo estatal debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. "Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable", han manifestado.

"Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada, primero, el de los letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de jueces y fiscales al conflicto planteado de forma efectiva por los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia". Como resultado de esta “estrategia”, según Comisiones Obreras, la propia ministra de Justicia, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, "el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial", ha quedado postergado "intencionadamente" por el Ministerio de Justicia sin que hasta el momento se tenga todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.

En este sentido, ha criticado que durante su transcurso millones de ciudadanos han resultado afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. "El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse".

A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se está ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. "El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018", han asegurado desde CC.OO.

Por este motivo, los sindicatos han exigido al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para "escabullirse" de su responsabilidad para con los 45.000 empleados públicos de Justicia y para con la ciudadanía española. Así las cosas, piden a Pedro Sánchez que intervenga en el conflicto "obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida".

Después del acuerdo con los letrados y con los jueces y fiscales, existe "un clamor unánime de dignidad profesional" del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran; funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.

"En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista, que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la ministra de Justicia en la reciente I Cumbre Mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid".

Por esa razón, han señalado que "la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia".

Mientras tanto, el comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por dicho comité o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.