Los municipios de la provincia de Granada verán aliviada su situación económica tras la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión recaudatoria del Servicio Provincial Tributario que se aplica a los ayuntamientos y resto de entidades que tienen delegada dicha gestión en la Diputación y que supondrá un ahorro total para los consistorios de 4.019.315,54 euros en recaudación voluntaria. Esta medida ya la aprobó la Comisión Informativa del pasado 9 de noviembre y tendrá que ratificarse en el pleno extraordinario de mañana martes, 14 de noviembre, y cuya entrada en vigor estaría prevista para el 1 de enero de 2024.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno provincial, Nicolás Navarro, acompañado de la diputada de Economía, Ana María Molina, la Diputación “comienza a hacer las cosas bien” cobrando por la gestión en sí y no por encima de lo que debiera, tal y como se estaba haciendo hasta ahora rebajando la presión sobre los ayuntamientos y entidades, que contarán, gracias a esta medida, con más recursos propios.

“Los últimos cambios de dicha ordenanza se produjeron el 23 de diciembre de 2011 y, a día de hoy, consideramos oportuno proceder a su revisión con el objetivo de ajustar aún más los importes obtenidos con el cobro de la tasa, así como los costes directos e indirectos que supone el mantenimiento del servicio prestado”, ha señalado el portavoz.

En este sentido, Navarro ha argumentado que “es necesario establecer una aplicación más racional para proporcionar más capacidad financiera a los ayuntamientos de la provincia que se gestionan mediante el Servicio Provincial Tributario, teniendo en cuenta el contexto económico en el que nos encontramos y la obligación de la Diputación de Granada de apoyar, ayudar e ir de la mano de los municipios”.

Asimismo, ha destacado que “el ajuste a la baja de la tasa es muy destacado en la recaudación voluntaria”, detallando que “la reforma propuesta supone una media de reducción en los importes que se aplican a los ayuntamientos por su recaudación en dicho período superior al 90 por ciento”.

Navarro ha subrayado que “habrá ochenta y siete consistorios que, incluidos en el Grupo Primero (ayuntamientos a los que se les recauda al menos en período voluntario el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para todo tipo de bienes (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y las tasas por suministro de agua y/o recogida de basura) verán reducido el porcentaje de la tasa del 2 por ciento al 0,15 por ciento, mientras que serán diecinueve los correspondientes al Grupo Segundo (ayuntamientos a los que se les recauda al menos en período voluntario el IBI (por todo tipo de vienes), el IAE y el IVTM, así como Entidades Locales Autónomas, Mancomunidades de Municipios, Consorcios y otras entidades locales), que lo bajarán del 3,5 por ciento al 0,25 por ciento, y cincuenta y tres ayuntamientos que, acogidos al Grupo Tercero (ayuntamientos a los que se les recauda al menos en período voluntario el IBI (por todo tipo de bienes) y el IAE), rebajarán el importe del 4 por ciento al 0,75 por ciento.

A modo de ejemplo, el portavoz ha señalado que el Ayuntamiento de Almuñécar obtendrá una diferencia a su favor de 311.497 euros, el de Loja, de 158.877 euros, el de Santa Fe, de 125.601 euros, y el de Albolote, de 202.100 euros. Asimismo, ha resaltado el ahorro de 24.767 euros de Caniles, el de 116.273 euros de Monachil, el de 40.477 euros de Órgiva, el de 43.040 euros de Torrenueva Costa o el de 77.718 euros del municipio de Huétor Vega.

Se trata, ha concluido Navarro, de un Gobierno provincial, que está demostrando su compromiso para que los municipios cuenten con más recursos con el fin de mejorar la vida de sus vecinos.