Un grupo de más de medio centenar de alcaldes y alcaldesas y numerosos concejales socialistas de toda la provincia han reclamado de manera unánime al gobierno del Partido Popular (PP) en la Diputación de Granada un reparto “justo e igualitario” de los fondos incondicionados para sus municipios y una apuesta “real” contra la despoblación que afecta especialmente a los más pequeños.

En un manifiesto presentado ante la institución provincial, junto a la portavoz del grupo socialista Fátima Gómez y los diputados provinciales, los representantes locales instan al PP a “recapacitar” y retomar la senda de colaboración con los ayuntamientos de los municipios pequeños; un contexto en el que han solicitado al equipo de gobierno que los tenga en cuenta y dote a los municipios de recursos suficientes para que puedan ejecutar sus proyectos “sin condicionamientos ni tutelas por parte de la Diputación”.

El alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez, ha subrayado que “es esencial que se respete la autonomía y las necesidades específicas de cada municipio” y ha exigido que “esta política cambie y los recursos lleguen de manera equitativa y sin condicionamientos partidistas. Solo nosotros y nosotras que estamos en el territorio y conocemos las demandas podemos garantizar servicios públicos de calidad y frenar la despoblación cuya estrategia han desmantelado”.

Por su parte, la alcaldesa de Cogollos de la Vega, Alexandra García, ha destacado la necesidad de modificar el enfoque de los próximos presupuestos provinciales para que se prioricen los municipios más afectados por la despoblación y aquellos con menos recursos. “El actual reparto de los remanentes, que excluye a los más pequeños debe corregirse”, ha enfatizado tras recordar que en ocasiones los ayuntamientos tienen que renunciar a la partida finalista que otorga la institución porque no pueden cofinanciarla.

Tras coincidir en que “la autonomía municipal debe ser respetada y priorizada”, los regidores y portavoces también han reclamado al Gobierno de la institución provincial que “rectifique” su política de distribución de remanentes al considerar que de los sesenta y siete millones que se han gastado en el último año “de forma partidista no ha llegado ni un solo euro a los municipios de forma incondicionada”.

Los regidores coinciden en que la política actual de distribución de fondos es “arbitraria” y debe cesar para dar paso a un reparto “junto y equitativo”, basado en las necesidades reales de cada localidad.

En el manifiesto, proponen que los próximos presupuestos provinciales se orienten a escuchar y atender las demandas de sus municipios, recuperando así la confianza de quienes más necesitan el apoyo de la Diputación.

El reto de la despoblación

Desde la creación de las diputaciones provinciales, una de sus competencias fundamentales ha sido la asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Según los firmantes del documento, la gestión de la Diputación de Granada debe orientarse en apoyar a estos municipios, con el objetivo de que puedan alcanzar su pleno desarrollo, pese a las dificultades estructurales y económicas que puedan tener.

A dicha competencia en los últimos años se ha sumado la despoblación, un fenómeno que, según recoge el escrito, en la provincia afecta especialmente a los municipios más pequeños y a los más alejados de la capital. Estos pueblos en riesgo de despoblación deben ser el “eje prioritario” de las políticas provinciales.

Crítica al actual gobierno del PP

Los alcaldes han denunciado que, con la llegada del PP al gobierno de la Diputación, se ha desmontado el modelo de apoyo de los últimos ocho años basado en prever de recursos incondicionados a los municipios de forma igualitaria para todos con la idea de lograr sus objetivos sin ser tutelados por ningún entre supramunicipal.

A su juicio, “este modelo que garantizaba la autonomía ha desaparecido con el PP al haber suprimido los fondos incondicionados y desmantelado la estrategia contra la despoblación. El actual gobierno de la institución provincial ha socavado la autonomía local y la igualdad entre los municipios”.

Asimismo, han asegurado que las decisiones económicas y de desarrollo ahora se toman de manera discrecional y orientadas a criterios políticos, en lugar de atender las necesidades reales de los pueblos más pequeños.