La Justicia inicia el mes con una de sus mayores transformaciones en décadas con la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia, que suponen una nueva estructura que acaba con los tradicionales juzgados unipersonales, dirigidos exclusivamente por un juez. En la provincia de Granada esta reforma afecta a los partidos judiciales de Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Santa Fe. El proceso contará con dos fases más, en la última de ellas, prevista para el 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará al partido judicial de la capital y Motril.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia impone desde el 1 de julio la entrada en vigor de este modelo de órgano colegiado, compuesto por varios jueces, en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, lo que en Andalucía se traduce en su aplicación en setenta de los ochenta y cinco partidos judiciales de la comunidad, es decir, en más del 82%. El resto se aplicará en dos fases más de aquí al 31 de diciembre.

Para hacer posible esta reforma, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir una inversión en solitario que supera los 54,4 millones de euros solo para las dos primeras fases, ya que, aunque la Ley ha sido impulsada por el Estado, carecía de memoria económica. Esta transformación requiere de adaptaciones y ampliaciones de los sistemas informáticos, de instalaciones y de las plantillas.

Solo en materia de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará 3,7 millones de euros más al personal de estos setenta juzgados, ya que ha incrementado la plantilla en ochenta funcionarios más y ha creado puestos de jefaturas, con sus correspondientes complementos, que hasta ahora no existían. De estas plazas, sesenta son de nueva creación y veinte son plazas hasta ahora ocupadas por refuerzos, que ya pasarán a ser estructurales.

Los partidos judiciales que se transforman son aquellos que cuentan con juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, donde trabajan en Andalucía más de 4.000 funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta. Además, los noventa y cinco juzgados de paz de estos setenta partidos judiciales se han transformado desde el 1 de julio en Oficinas de Justicia Municipales.

Cada partido judicial pasa a ser un tribunal de instancia y en lo que al personal funcionario se refiere se organizarán a través de los servicios comunes. Así, todas las oficinas judiciales contarán con un servicio común de tramitación, al que se sumarán otros como el común general y el de ejecución, en función de las características del partido judicial.

Andalucía tendrá que asumir un coste total que superará los cincuenta y siete millones de euros, según informó recientemente el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en el Consejo de Gobierno, donde se acordó instar al Gobierno de la nación a dotar a la comunidad con los medios económicos necesarios. “Es un yo invito y tú pagas llevado al extremo”, señaló entonces el consejero.