El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden por la que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad distribuye un total de 67,5 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para la financiación de los servicios sociales comunitarios en este ejercicio. De esa cantidad, 7,4 millones de euros se destinan a la Diputación de Granada y a diez ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes.

Por primera vez se distribuyen en la misma Orden la totalidad de los fondos procedentes tanto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como los procedentes del Estado.

En la mencionada Orden, se establecen las cantidades que percibirá cada una de las 96 entidades locales, --entre diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes--, para la financiación de los servicios sociales comunitarios, así como las cuantías destinadas al refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia (LOPIVI). En el presente ejercicio, se ha sumado el municipio de Torrox (Málaga) que ha superado los 20.000 habitantes.

En el caso de Granada, los ayuntamientos que participan en el reparto de fondos al cumplir el criterio poblacional son Granada capital, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Baza, Las Gabias, Guadix, Loja, Maracena y Motril.

Así, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma se distribuyen 44,47 millones de euros, que sumados a los 2,74 millones de euros de remanentes de ejercicios anteriores con los que cuentan las entidades locales, suponen un volumen de recursos aportados por la Junta de Andalucía en 2025 que asciende a 47,21 millones.

En el caso de los fondos del estado, se distribuyen 23,05 millones de euros, que junto a los remanentes de ejercicios anteriores con los que cuentan las entidades locales, suman 24,64 millones de euros.



De este modo, el total de fondos distribuidos asciende a 67,5 millones de euros, que junto a los remanentes de ejercicios anteriores, supone que en 2025 las entidades locales cuentan con un volumen de recursos para la financiación de los servicios sociales comunitarios que alcanza la cifra de 71,85 millones de euros.



Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.

De este modo, la Junta de Andalucía pone de manifiesto su clara apuesta por el fortalecimiento de la red de servicios sociales comunitarios, que atienden a más de un millón de andaluces, y por la calidad del sistema público de servicios sociales. Todo ello, por medio de servicios que favorezcan la inclusión de aquellos colectivos y sectores de población más vulnerables, como es el caso de la infancia.

Asimismo, dentro de este compromiso, destaca el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales comunitarios que prestan las entidades locales mediante la financiación para el programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Este crédito va destinado a financiar el refuerzo de los mencionados equipos de los servicios sociales comunitarios que permiten la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

Los gastos que se financiarán serán los relativos a personal de los equipos, preferentemente profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social y, cuando sea necesario de la abogacía especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia; gastos de formación para dotar de competencias a los profesionales y a las familias, materiales de apoyo a la formación, etc.

Andalucía cuenta con la red de centros de Servicios Sociales Comunitarios más extensa del país con 251 recursos distribuidos por la geografía de nuestra tierra, en la que trabajan más de 50.000 profesionales, de los cuales más del 95 % son mujeres.