En la mañana del pasado domingo pudimos asistir a la protesta de CSIF y UGT en Almuñécar, para denunciar “la falta de interés demostrada por este equipo de gobierno para solucionar conflictos laborales a pesar de las numerosos negociaciones mantenidas a lo largo de estos doce años de legislatura, entre ellas las mantenidas para renovar una RPT anticuada que no ha sido modificada desde 2003”.

Los sindicatos lamentan que solo se hayan podido resolver los conflictos planteados mediante sentencias judiciales, “generando aún más gasto adicional a las arcas municipales”.

En nota de prensa señalan qué, actualmente “hay diferentes contenciosos presentados por diferentes colectivos por reclamaciones de cantidad, irregularidades en el funcionamiento de departamentos concretos o por peculiaridades propias de puestos de trabajo que no son retribuidas”.

El detonante para esta manifestación han sido las negociaciones mantenidas para la compensación a todos los funcionarios que realizan turnos especiales (noches, fines de semana y festivos) como en cualquier municipio con una RPT actualizada.

“Durante cinco meses de negociaciones en la que los sindicatos han planteado numerosas propuestas y a pesar de que se nos reconocía que era justo lo que se solicitaba, la excusa para no llegar a un acuerdo era un informe jurídico que desde el departamento de intervención nunca ha llegado a redactarse, a pesar de tener una notificación de Subdelegación del Gobierno informando que eran los competentes para ello. Finalmente, esta misma semana se presenta por el equipo de gobierno una propuesta muy a la baja de la compensación reconocida desde el inicio y ya no era cuestión de un informe jurídico sino una cuestión económica”, afirman en el comunicado.

Desde las secciones sindicales señalan no entender el giro tomado en las negociaciones después de tantas reuniones y con contradicciones en lo manifestado por el equipo de Gobierno. Por ello no descartan nuevas convocatorias mientras no se solucionen las diferentes negociaciones abiertas con el equipo de Gobierno “y tampoco se descarta volver a recurrir a la vía judicial para conseguir que los derechos de los trabajadores sean respetados”, concluyen.