Prosiguen las movilizaciones del personal funcionario de Justicia en la capital granadina como continuación de las protestas convocadas en todo el Estado. En esta ocasión los trabajadores han asistido al “entierro de la Justicia”, que ha tenido lugar frente al TSJA, con sede en plaza Nueva. Los sindicatos convocantes de la huelga en la Administración de Justicia basan sus reivindicaciones en el reconocimiento de las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales. Exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y un incremento retributivo en la línea acordada por la Administración General del Estado con las asociaciones de letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJ). Si el Ministerio de Justicia no rectifica, se intensificará la movilización con la convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo lunes, día 22 de mayo.

Así las cosas, desde Comisiones Obreras (CC.OO.), "el anuncio de la huelga, de dudosa legalidad, convocada por las asociaciones profesionales de jueces y fiscales bastó para que la ministra Llop las convocara sin dudarlo y para que, junto al Ministerio de Hacienda, les ofreciesen una subida retributiva nada despreciable y su disponibilidad para negociarla".

Sin embargo, aseguran que la ministra de Justicia no ha actuado igual con el resto del personal de los juzgados, tribunales, fiscalías y restos de servicios de dicha administración, "a quienes se niega a mejorar sus condiciones de trabajo a pesar del extraordinario y nuevo retraso que se está produciendo con la huelga que está en marcha y el perjuicio innegable que este retraso está causando a la ciudadanía y profesionales a los que, también, muestra así la ministra su desprecio".

Ya se acordó con los LAJ una sustancial mejora de sus condiciones laborales y retributivas y así se está intentando con jueces y fiscales, explican. "Para el resto no hay, siquiera, intención de negociación de unas reivindicaciones absolutamente legítimas, justas y mesuradas. Nadie puede entender que suban las retribuciones solo de los grupos de superior titulación, mientras se mantienen y se deterioran las condiciones laborales del resto de personal, igual de necesario para la atención del servicio público de la Administración de Justicia".

CC.OO. exige que hoy mismo, 17 de mayo, se convoque al Comité de Huelga del personal funcionario con una oferta sobre la mesa con cuya negociación se pueda dar solución a este conflicto laboral que en nada beneficia ni al Gobierno, ni al servicio público, ni a la ciudadanía que espera de sus gobernantes, también de la ministra Llop, que solucione los problemas en lugar de generarlos y agravarlos.